Por más que estén revestidas de legalidad, hay decisiones que apestan a impunidad. La rebaja de penas que otorgó el presidente a los policías condenados por la muerte atroz de cinco menores en el Centro de Cumplimiento de Tocumen es una de ellas.
El 9 de enero de 2011 policías arrojaron latas con gases lacrimógenos dentro de un celda en respuesta a un motín en el que los reos exigían agua y comida. Cinco adolescentes fueron calcinados vivos mientras sus gritos desesperados de auxilio eran ignorados. La crueldad de las escenas conmocionó al país. Las víctimas estaban bajo custodia del Estado y el ministro de Seguridad de ese entonces era José Raúl Mulino.
En 2020, después de casi una década de lucha judicial, se logró la condena de los policías con penas de hasta 46 años de prisión por homicidio, tentativa de homicidio y vejámenes contra privados de libertad. Los culpables no esperaron su condena en centros penitenciarios como la mayoría de ciudadanos. Aun así, tras apenas cinco años en la cárcel, el Ejecutivo decidió reducirles la pena. No cumplieron ni un tercio de su condena. Y como si esto fuera poco, se reveló que al menos tres de ellos siguieron cobrando su salario de la Policía mientras estaban presos, según enseña el propio portal de la ANTAI. Sencillamente escandaloso.
Es innegable que la rebaja de penas es una potestad constitucional del presidente, pero también lo es que, con esta decisión, se envían mensajes que debilitan la democracia. Si tienes poder o relaciones con el poder, la justicia te da un trato preferencial. ¿Qué credibilidad tiene el principio universal que establece que todos somos iguales ante la ley, cuando la realidad enseña que en Panamá “unos son más iguales que otros”?
¿Con qué cara se le dice a una madre o un padre que hay justicia, cuando el propio presidente -quien tenía la responsabilidad política en el momento del crimen- es quien decide liberar a los condenados por asesinar a su hijo? ¿A qué se debe el silencio de gremios y asociaciones que suelen pronunciarse con celeridad ante las amenazas a la seguridad jurídica? ¿O es que el Estado de derecho solo se aplica cuando se trata de proteger inversiones y contratos, pero no la vida de los más vulnerables?
Esta decisión no solo es un golpe a la memoria de las víctimas y el esfuerzo de sus familias, sino un pésimo precedente para cualquier intento de construir confianza en la justicia. La impunidad se institucionaliza cuando quienes ostentan el poder utilizan sus facultades legales para proteger a los suyos.
La ex comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, repudió esta rebaja de penas, calificándola de “vergüenza para la justicia”. Si aspiramos a que en Panamá exista verdadera certeza del castigo, no se puede seguir premiando la impunidad, especialmente en los casos más dolorosos. No hay vidas que valgan menos que otras. Ni crímenes que se puedan borrar con una firma presidencial.
