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Sabrina Sin Censura: La factura de agua de la mina

Sabrina Sin Censura: La factura de agua de la mina
Están por salir dos embarques de concentrado de cobre para completar la exportación. Cortesía

Como si la mina de Donoso no hubiese dejado suficientes facturas para Panamá, hay una de la que hemos hablado poco y que podría seguir creciendo si se reabre: la del agua.

La mina nos ha costado en polarización social y en daño ambiental; ha envenenado el debate público con cuentas pagadas para desacreditar sistemáticamente a sus críticos y hasta ha erosionado la poca institucionalidad, al generar un dañino doble estándar para la aplicación de los fallos de la Corte.

Mientras Panama Ports recogió maletas y se fue, Cobre Panamá volvió a exportar concentrado de cobre sin contrato, amparada en un decreto del MICI que ya fue demandado. De esta última exportación de 33 mil toneladas nos enteramos por la empresa. El Gobierno ni ha dicho cuánto le toca a Panamá. Curioso, después de que el propio presidente asegurara que “ese cobre es de los panameños”.

Pues bien, a esa larga lista hay que agregarle un recurso sorprendentemente ausente del debate, pese a ser prioridad nacional: el agua. ¿Cuánta agua necesita una mina? Demasiada.

La minería de cobre es muy intensiva en agua. Un estudio internacional calcula un promedio de 70,400 litros por tonelada producida, equivalente al consumo diario de unos 176 panameños.

La propia Cobre Panamá reportó 153.5 millones de metros cúbicos de lluvia como entrada de agua a la mina en 2022, año en el que produjo 350,438 toneladas de cobre. Que provenga del cielo no significa que sea agua que sobra. Esa misma agua alimenta suelos, ríos, acuíferos y ecosistemas.

Los datos adquieren otra dimensión cuando Panamá declara un estado de emergencia nacional ante la llegada de un “súper Niño”. Este fenómeno tiene dos caras y ninguna le sienta bien a la mina.

1. Cuando el agua falta

El Canal aprendió la lección de El Niño de 2023 y ya administra la escasez de agua reduciendo los tránsitos diarios. Pero desde 2024 hay un elemento adicional. Por decisión de la Corte, los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal volvieron a ser los establecidos en 1999, dejando un traslape con el área que fue concesionada a Cobre Panamá.

Rodrigo Noriega calcula que son unas 4,500 hectáreas y las llamó las hectáreas “de la vergüenza”. La propia administradora, Ilya Espino de Marotta, ha reconocido que existe un área impactada y que la ACP estudia el plan de manejo ambiental y las medidas de mitigación necesarias. Incluso analiza si un eventual drenaje ácido proveniente de los relaves podría desplazarse subterráneamente hacia el lago Gatún, una posibilidad que la ACP considera poco factible, pero suficientemente relevante para estudiarla.

Aquí no debería haber espacio para ambigüedades. Los lagos del Canal abastecen de agua a más de dos millones de personas y sostienen el principal activo estratégico del país. Río Indio busca precisamente garantizar esa seguridad hídrica a largo plazo.

Las prioridades son claras: primero, el agua para la gente; después, el Canal. La mina no. En tiempos de escasez, es un contrasentido avanzar —¿o más bien retroceder?— hacia la reapertura de una mina que necesita tanta agua.

2. Cuando el agua sobra

La otra cara de “El Niño” son las lluvias extremas. Y esa tampoco le sienta bien a la mina.

Una mina de las dimensiones de Cobre Panamá debe manejar enormes volúmenes de precipitaciones, escorrentías y agua contaminada, especialmente en sus gigantescas tinas de relaves. En el mundo se han documentado más de 400 accidentes en estas instalaciones. ONU Medio Ambiente advierte que las lluvias intensas han sido un factor en uno de cada cuatro de estos desastres. No es poca cosa para Panamá, uno de los países más lluviosos del mundo.

La pregunta no es solo cuánta agua necesita la mina cuando falta, sino qué riesgos genera cuando sobra. Más aún cuando nuestras instituciones han demostrado ser incapaces de fiscalizar y castigar a quienes contaminan las fuentes de agua.

La crisis de Azuero se ha prolongado por 15 meses, pese a que hablamos de porquerizas y otros focos de contaminación mucho menores que una mina. Si el Estado no ha podido garantizar agua potable ni poner orden allí, ¿cómo pretende fiscalizar una mina del tamaño de San Miguelito?

Ilya Espino de Marotta lo resumió bien: “Sin agua, lo demás pierde relevancia”.

Tenemos comunidades en todo el país sin agua, ríos contaminados y un Canal que necesita cada gota que podamos asegurar. Antes de seguir hablando de reapertura, quizás convenga preguntarnos algo más elemental: ¿de verdad necesitamos una mina que también nos pase factura en agua?


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