José Raúl Mulino hizo campaña como víctima de la supuesta persecución política orquestada por el expresidente Juan Carlos Varela, pero al llegar al poder quedó claro que su conflicto no era con la utilización de la justicia como un arma política, sino con el rol que le había tocado jugar. Su problema era ser perseguido y no perseguidor.
Y es que la justicia tiene distintos nombres para Mulino. Cuando procesa a su círculo cercano es “persecución”, pero cuando apunta hacia sus adversarios, es “debido proceso”. Un doble estándar que no resiste el menor contraste con los hechos, y que amenaza con hacer añicos la poca independencia judicial que queda.
El mandatario creó la Unidad de Coordinación Legal para que las instituciones afectadas por delitos contra la administración pública se conviertan en querellantes ante el Ministerio Público. Asegura que es muy distinta a la “procuraduría paralela” de Varela, pues no ha contratado ninguna firma de abogados. Pero ese no es el mayor de los pecados, ni entonces ni ahora. El vicio fue y sigue siendo la parcialidad de una justicia comandada desde el Ejecutivo.
La nueva oficina estará adscrita al ministerio de Gobierno. Su titular Dinoska Montalvo, ha sido además abogada de Frank De Lima, enjuiciado por las coimas de Odebrecht.
¿En qué país puede una ministra ser abogada de imputados por delitos contra la administración pública y, además, liderar un esfuerzo que pretende enjuiciar a los culpables de tales ilícitos? Pues en el país donde el mandatario da distintos nombres a la justicia, según quien sea el procesado.
En el caso de Frank De Lima, por ejemplo, podemos imaginar que el presidente lo catalogaría como “perseguido”. Fue su compañero de gabinete en el gobierno de Martinelli, y su esposa trabaja actualmente en la Presidencia. Como otros del círculo cero de Mulino, su camino a la absolución parece pavimentado.
¿No sería más eficiente —y generaría menos suspicacia— exigirles a todos los funcionarios que cumplan con su rol? Los ministros y directores de entidades están obligados por ley a denunciar ante el Ministerio Público cualquier posible irregularidad. Para ello cuentan con decenas de asesores legales. Si necesitaran más apoyo, ahí está la procuradora de la Administración, cuya función principal es “defender los intereses del Estado”. Por cierto, ¿alguien sabe qué fue de Grettel Villalaz de Allen? Aquí no falta personal ni instituciones, sino voluntad.
Pero la mayor desfachatez de todo este asunto es la justificación presidencial para la creación de la Procuraduría Paralela 2.0. Mulino aseguró que la misma busca combatir el “sentimiento generalizado de impunidad”. ¿Será consciente el mandatario de cuánto ha contribuido él mismo a esa percepción que dice querer combatir?
De entrada, llegó al poder de la mano de un condenado por lavado de activos que disfruta su libertad en Colombia. Ya en el cargo, usó sus facultades constitucionales para reducir penas a exsubalternos, como los policías condenados por el asesinato de los jóvenes en Tocumen. Más recientemente, un video oficial mostró al arquitecto George Moreno —condenado por el caso Blue Apple— recorriendo campante, junto a sus hijas, la Villa Diplomática. Y más allá de estos casos, el país ha presenciado un verdadero baratillo judicial del que han disfrutado otros personajes cercanos al poder. ¿No piensa el presidente que estas excepciones y privilegios también alimentan la percepción de impunidad?
Si algo queda claro con los dobles estándares de Mulino, es que su gobierno no defiende principios —como la justicia independiente, la lucha contra la corrupción o la defensa del Estado de derecho—, sino intereses. Y mientras el poder se siga administrando desde esa torcida lógica, seguiremos viviendo en el país donde la justicia cambia de adjetivo según quién sea el acusado.
