La Contraloría existe para fiscalizar el uso de los dineros públicos, pero Anel “Bolo” Flores parece no haberse enterado. Entre el viaje a Brasil como empresario bananero y azucarero —con familiares incluidos y fondos del Estado—, la exposición mediática como si fuera un ministro más y su rol de operador político en la Asamblea, se le olvida el único sombrero que le corresponde: el de contralor general.
La letra constitucional no debería dejar lugar a interpretaciones sobre sus funciones: “Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la Ley”.
Pero esta semana Flores confesó que violaría la Ley de Contrataciones Públicas, justo después de difundir una nota exigiendo su cumplimiento. Autorizó el pago a la empresa Hombres de Blanco pese a no tener refrendo previo. No es la actuación que más escándalo ha generado, pero sí una de las más graves por el precedente de impunidad que establece.
Flores tampoco se preocupa por la congruencia. Al interponer demandas contra la extensión del contrato de Panama Ports, la ausencia de refrendo del entonces contralor Solís —que pasa sospechosamente agachado— fue uno de sus argumentos. Hoy, en circunstancias similares, mira para otro lado. La ley se cumple solo cuando conviene.
Su rol de operador político le quitó toda autoridad moral como fiscalizador. Tras buscar votos el 1 de julio para la candidata oficialista y luego amenazar a quienes lo denunciaron con sacar dossiers: ¿alguien esperaba que vigilara a los diputados? Por supuesto que no. Robinson, Pineda y muchos otros seguirán con planillas abultadas y privilegios como búnkers privados. Todo quedó en unos relojes biométricos que, paradójicamente, parecen haber suspendido en el tiempo las investigaciones.
Flores prometió 500 auditorías, pero en su informe semestral la cifra se redujo a menos de la mitad. El Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas —que las requieren para hacer su trabajo— recibieron muchas menos. Parece que la matemática, así como las leyes, son relativas cuando se trata del hombre de los muchos sombreros.
Ahora dice que no quiere “meter a nadie preso” sino recuperar el dinero. La Constitución no lo faculta a lo primero y para lo segundo necesita que las bombas mediáticas se conviertan en auditorías sólidas. De eso hay poco.
Sin ningún pudor, el presidente lo presentó como su amigo y nunca han guardado ni las apariencias. En teoría la Contraloría es un “organismo estatal independiente”, pero, en la práctica, se comporta como parte del engranaje que debería estar fiscalizando.
Después de la vergonzosa gestión de Gerardo Solís, parecía difícil caer más bajo. Pero Flores está acumulando méritos para profundizar el hueco: su gestión no tiene ni un año y ya se ha puesto todos los sombreros, menos el que le corresponde.
