“En este país nada pasa sin que el presidente lo sepa”. Son palabras de José Raúl Mulino en 2016 en una entrevista que daba a la periodista Myrna Ortega de NexTV. Tiene razón. Este es un país presidencialista, por lo que es muy difícil creer que una decisión tan trascendental como restringir durante 10 años la información sobre concesiones portuarias y operaciones marítimas en la AMP se tomara sin su conocimiento y aquiescencia.
Más aún cuando la medida fue adoptada hace cinco meses por una junta directiva integrada por varios ministros y presidida, además, por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque Ferro. No basta con que Mulino solicite ahora reconsiderarla ante el rechazo ciudadano. Es insuficiente y poco creíble si tomamos en consideración que Mulino dedicó su vida profesional al sector marítimo, al que hoy se dedican dos de sus hijos. Definitivamente en este asunto, como en muchos otros, falta una parte crucial de la historia.
“Para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado”, advierte el refrán popular. Pero el fallido intento de secretismo en la AMP es apenas el último episodio con tufillo a mentira. La opacidad, las contradicciones y las verdades a medias no son la excepción en este gobierno. Son la norma.
Todavía no conocemos las verdaderas razones por las que salió Lucy Molinar del Ministerio de Educación. Si fue por la polémica licitación con un solo proponente para las laptops de docentes, ¿por qué la Contraloría refrendó el contrato para luego anunciar una auditoría y negar la adenda? De nuevo, hay mucho que no nos están diciendo.
Y si se trata de opacidad y de licitaciones que parecen arregladas, hay varios ministros que compiten por el deshonroso primer lugar en oscurantismo. Está, por ejemplo, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, que, con aval del Gabinete, declaró confidenciales millonarias compras de artículos tan rutinarios como body cams, amparándose en la “seguridad nacional”. Al parecer, lo que había que proteger no era al país, sino a los beneficiarios de las contrataciones.
Lo mismo ocurre en los ministerios de Obras Públicas y de Salud. En este último, las condiciones de una millonaria licitación para la limpieza de hospitales cambiaron a conveniencia de una empresa. Una contratación de limpieza que, paradójicamente, no luce muy limpia. La charada de proceso competitivo se parece más a una contratación directa.
Incluso han echado mano del fenómeno de El Niño para declarar un estado de emergencia y poder hacer contrataciones directas hasta junio de 2027. Poco o nada se conoce sobre los planes del Gobierno para enfrentar este severo evento climático, pero ya se adelantaron a asegurarse de que no haya licitaciones y que, así como el agua, también falte la transparencia. ¿Recuerdan el estado de emergencia por la pandemia en el gobierno de Cortizo-Carrizo? El déjà vu es inevitable.
En este ambiente tan turbio, ¿les extraña que las mentiras se digan abiertamente y sin la menor consecuencia?
Todo indica que la descarada mentira de la presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Zaira Santamaría de Latorraca, a la Asamblea y al país sobre haber consultado la contratación de su hija quedará impune. ANTAI no la investiga y el presidente, que podría destituirla, no ha dicho ni esta boca es mía. Y hablamos de la funcionaria encargada precisamente de juzgar si en las contrataciones del Estado se cumple o se burla la ley.
¿O qué me dicen de la ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, que bautizó la contratación de su cuñado como un “préstamo interinstitucional”? En este gobierno, el nepotismo, al igual que sus asombrosas justificaciones, es un chiste mal contado.
Hasta la famosa “marca país” llegó envuelta en falsedades. No voy a entrar en lo que costó ni en la contradicción de promocionar un país “carbono negativo” mientras se hace todo lo posible para perder ese estatus. Me quedo con algo mucho más elemental: nos dijeron que era la primera marca país de Panamá. No lo es. Una afirmación tan básica como absurda y tan fácil de desmentir como hacer una búsqueda en internet. Si pretenden que Panamá sea “Anfitrión del Mundo”, tienen que dejar de subestimar a los ciudadanos: tenemos memoria, criterio propio y no tragamos entero.
Quienes toman decisiones públicas mienten, se contradicen y ocultan información sin el menor cuidado. ¿Para qué tenerlo, si pueden hacerlo impunemente? Rubén Blades promocionaba a Panamá diciendo que “las sonrisas son gratis”. Al parecer, las mentiras también. Aquí es más probable que una autoridad termine en el hospital con una espina de pescado clavada en la garganta a que enfrente consecuencias por faltar a la verdad y a la transparencia.
