Tras 30 años de ceguera conveniente frente a una concesión lesiva para el país, bastó la presión de Donald Trump para que la Corte Suprema de Justicia viera lo que durante décadas decidió ignorar: el contrato de Panama Ports Company (PPC) es inconstitucional.
No hubo sorpresas ni sorprendidos. Menos aún en Washington. Medios estadounidenses y fuentes de la Casa Blanca anticiparon el fallo horas antes de que se hiciera público e incluso adelantaron el contenido del mensaje presidencial sobre la transición para los puertos de Balboa y Cristóbal. Fue un pase de pitcher gringo a catcher panameño. El giro irónico: la principal beneficiada es una naviera danesa, del mismo reino al que pertenece la codiciada Groenlandia.
Los más molestos, como era de esperarse, son los chinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China reaccionó de inmediato, confirmando que los puertos a ambos lados del Canal son estratégicos para su agenda global. Mientras desde Pekín se hablaba de represalias, en Washington la decisión se celebraba, subrayando hasta qué punto el fallo fue leído en clave geopolítica. No por casualidad fue el gobierno chino quien bloqueó, hace un año, la venta de CK Hutchison a un consorcio liderado por BlackRock.
Internacionalmente, Panamá sigue atrapada en la disputa entre las dos potencias. En el plano interno, nuestra justicia —lejos de consolidarse— vuelve a exhibirse como una institución que se mueve más por presiones que por convicciones. Por las razones equivocadas, y con treinta años de atraso, hizo lo correcto.
¿Se enfrentarán a la justicia los funcionarios de distintos gobiernos que, entre equiparaciones y renovaciones automáticas, actuaron para beneficiar a PPC en detrimento de los intereses de Panamá? No hay ninguna señal de que eso ocurrirá.
Pero la suspicacia no solo se proyecta al pasado, sino también al futuro inmediato. Tras el fallo, el presidente José Raúl Mulino designó “de a dedo” a APM Terminals, filial de Maersk, como administrador “temporal” de los puertos. No se le explicó al país cuán temporal será ese manejo ni cuánto recibirá el Estado a cambio. Más aún: ¿existe algún fundamento legal para que un mandatario encargue a una empresa, sin plazo definido ni condiciones públicas, la administración de activos estratégicos del país?
Maersk controla buena parte de la carga que pasa por el Canal y es, además, una empresa cercana al presidente Mulino. En Davos 2025, el presidente se reunió con ejecutivos de Maersk y, meses después, la empresa obtuvo la concesión del ferrocarril Panamá–Colón.
Este 2026, también en Davos, volvieron a encontrarse y Maersk quedó a cargo de Balboa y Cristóbal. Entre el ferrocarril y ambos puertos, la empresa extranjera manejará un corredor logístico de casi 80 kilómetros, una concentración económica que, en palabras del abogado Rodrigo Noriega, puede implicar la creación de un nuevo monstruo.
Aquí el problema no es el nombre de la empresa, sino si Panamá está reproduciendo exactamente aquello que la Corte acaba de condenar: poner los bienes públicos al servicio de intereses privados.
Y en este permanente juego de Monopolio, ¿quién está velando por los mejores intereses del país? ¿Por qué no se transfirió la administración de los puertos a la Autoridad del Canal de Panamá?
Las dudas no terminan ahí. ¿Este fallo sienta precedentes reales o será una excepción geopolíticamente conveniente? ¿Se aplicará el mismo estándar a otros contratos del Estado, como el ferrocarril, ENSA o Naturgy?
La comparación con Minera Panamá es inevitable. Dos fallos de inconstitucionalidad, dos respuestas opuestas. En los puertos, Hutchison queda por fuera. En la mina, First Quantum sigue sentada en la mesa de negociación, como si el fallo que extinguió su contrato no hubiese existido. Dos tableros, dos reglas, un mismo país.
El Monopolio tiene una regla básica: quien es dueño de una propiedad, cobra. En Panamá, en cambio, el dueño muchas veces observa y calla. La propiedad es pública —los puertos, el ferrocarril, la mina—, pero el negocio es privado y los réditos no siempre terminan donde deberían. Es un Monopolio extraño, en el que el propietario paga la partida y otros se reparten el premio.
