En Panamá, denunciar horrores cometidos contra niños bajo tutela del Estado parece ser más peligroso que permitirlos. El escándalo de la Senniaf lo confirma: César Augusto Pérez, exdirector del CAI de Tocumen, fue destituido por “falta de confianza” tras advertir sobre las graves irregularidades que observaba. En contraste, la directora de la institución, Ana Melinda Fábrega Guardia, permanece en su cargo, pese a haber sido notificada por el Ministerio Público como parte de una investigación penal por posibles delitos contra la integridad sexual, el orden familiar y la administración pública.
¿Cómo es posible que ningún miembro del gobierno haya pedido la separación del cargo de la directora? ¿Será que la “pérdida de confianza” aplica solo a quienes incomodan la narrativa gubernamental? Así le ocurrió a la exgerente educativa del ITSE: buen desempeño, ningún hallazgo en las auditorías, pero con el “pecado mortal” de haber corregido públicamente al ministro Felipe Chapman.
En el caso de la Senniaf, el libreto es claro: se castiga a quien denuncia y se protege a quienes han actuado con aparente negligencia. El funcionario destituido documentó durante meses hechos deplorables: adultos con padecimientos de salud mental conviviendo con niños, conductas sexuales explícitas y menores con tuberculosis sin el aislamiento requerido. Todo fue elevado por escrito a la directora Ana Fábrega. Fue ignorado. La información solo se hizo pública tras la denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes.
Hoy se confirma que las irregularidades en Tocumen eran conocidas desde abril de 2025, tanto por la directora como por quien preside la Junta Directiva de la institución: la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles.
Pero el escándalo no se detiene allí. Ante el pedido del procurador de trasladar a los adultos con trastornos mentales del CAI de Tocumen, la ministra del MIDES optó por enviarlos
“temporalmente” —en pleno martes de Carnaval— al Hogar María Auxiliadora, en Chitré, un centro destinado a albergar jóvenes vulnerables de zonas rurales. La decisión, que ha generado protestas y vigilias de la comunidad, expone un criterio arbitrario y alarmante: a las personas en condición de vulnerabilidad bajo custodia estatal se les traslada por el país como ganado, no como sujetos de derechos.
Lo ocurrido en el CAI de Tocumen no es un hecho aislado, ni en el tiempo ni en el territorio.
En 2021, el país presenció un escándalo similar en la misma institución. Hoy se advierte que situaciones comparables podrían estar repitiéndose en otros centros: más de 700 menores, en 49 albergues, permanecen bajo tutela de la Senniaf.
El caso motivó un pronunciamiento de Unicef y el pedido de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia de separar a la directora Ana Fábrega para garantizar una investigación limpia e imparcial”.
En la Asamblea Nacional, la citación de la ministra de Desarrollo Social debió enfrentar la indiferencia y la complicidad con el Ejecutivo de algunos diputados: se requirieron tres votaciones para lograrlo.
Falta ver si este ejercicio —que aún no tiene fecha— permitirá reconstruir la verdadera cadena de responsabilidades y posibles encubrimientos, y si la investigación del Ministerio Público logrará traspasar el blindaje del poder.
La pregunta de fondo sigue gravitando sin respuesta: ¿a quién protege el Estado panameño? ¿Alos niños y personas en situación de vulnerabilidad o a los funcionarios que han fallado en su obligación de resguardarlos?
