Ángela Russo resultó electa como Defensora del Pueblo para el período 2026-2031 por el pleno de la Asamblea Nacional, luego de una controvertida votación, que dejó al descubierto, una vez más, los oscuros, mezquinos y turbios intereses que suelen cocinarse y servirse históricamente en este órgano del Estado.
Russo, bautizada como la “ungida” por muchos de los propios diputados durante este proceso de elección, se constituyó a todas luces como un nuevo ejemplo palpable de cómo sigue operando la política panameña sobre la base de favores, componendas, clientelismo y oportunismo rampantes. En efecto, la bancada oficialista, integrada fundamentalmente por el partido Realizando Metas (RM) y Cambio Democrático (CD), contó con el respaldo de los diputados del partido Panameñista para lograr este propósito. Fue así como la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia obtuvo 37 votos, frente a los 31 que consiguió el candidato respaldado por la coalición Vamos y Seguimos Unidos, en otra sórdida y también nueva alianza con el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Está por verse si estas alianzas coyunturales resistirán hasta el 1 de julio, cuando el pleno escoja una nueva junta directiva.
Si bien el igualmente cuestionado y saliente defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, es casi un niño de pecho al lado de la recién electa Ángela Russo, he procurado por mi cuenta hacer una revisión objetiva de las supuestas virtudes que debieron permitirle a Russo, en buena lid, superar a sus otros 32 competidores para este importante cargo. Para mi sorpresa, no he podido encontrar ninguna. Muy por el contrario, en dicho intento, he encontrado referencias de un par de actuaciones —pequeñas joyas del pasado— que, aunque para nada justifican su escogimiento, al menos sí lo explican a cabalidad, en el contexto de lo antes expuesto.
Tomemos como ejemplo a destacar el controvertido fallo, fechado el 6 de abril de 2017, sobre el caso instruido por la fiscal superior anticorrupción Zuleyka Moore, en donde el pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió un amparo de garantías constitucionales que anuló parcialmente el expediente del caso por la compra de 19 radares a la empresa Finmeccánica por $125 millones, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Dicha sentencia tuvo la ponencia de la magistrada Ángela Russo, quien fundamentó su postura haciendo uso de un manido sortilegio, en el sentido de que la fiscalía se había excedido en el término de la investigación y, por ende, eso anulaba todo lo realizado después de ese plazo. Con esta decisión se benefició al ministro de Seguridad Pública de la época y actual presidente de la República. En tal sentido, no hay que olvidar cuántas veces se ha ufanado nuestro presidente —en las conferencias de los jueves— de haber salido airoso ante la justicia por este caso. Otras pálidas o tibias decisiones o pronunciamientos de Ángela Russo complementan su experticia en materia de administración de justicia, mientras ejerció el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Por otro lado, siendo la Defensoría del Pueblo una institución que tiene como función principal velar porque no se vulneren los derechos humanos de los panameños, fomentando una cultura de paz y actuando como garante frente a posibles abusos o irregularidades —una especie, si se me permite la expresión, de “presbítero político del Estado”—, cabe preguntarse entonces: ¿qué es lo que hay detrás de semejante matraqueo y del interés por dominar o tener el control de una entidad cuya misión principal es la romántica defensa de los derechos ciudadanos?
Al final, la respuesta parece obvia. Ángela Russo podrá administrar más de $7 millones del erario público y contará además con una planilla de la nada despreciable cantidad de 250 funcionarios. Sin duda, un coto de caza ideal para darle continuidad al aberrante clientelismo político. Como dice el viejo refrán: “Sal quiere ese huevo”. No obstante, aún está por verse si estos reacomodos o acuerdos de conveniencia circunstancial se convierten a futuro en alianzas consolidadas, tomando en cuenta la carencia de escrúpulos por parte de estos sórdidos personajes de nuestra política criolla que participaron en los mismos.
El autor es escritor y pintor.
