El pasado 8 de septiembre de 2025 se celebró una consulta ciudadana sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de San Francisco. Lo que debió ser un espacio de diálogo abierto y democrático se convirtió en un proceso marcado por restricciones y falta de transparencia: a numerosos moradores se les impidió ingresar bajo el argumento de que el recinto estaba lleno “por seguridad”, dejando afuera a un grupo considerable que protestó ante cámaras de televisión.
Este hecho no es menor. La consulta ciudadana es un pilar del ordenamiento territorial moderno y está respaldada por normativa nacional e internacional. El Plan Distrital 2021 (Gaceta Oficial Digital No. 29268-A) establece que la participación debe ser previa, libre, sistemática y transparente. La consulta del 8 de septiembre incumplió estos principios: no fue libre porque limitó el acceso y tampoco fue transparente al excluir a buena parte de los interesados en participar.
Más allá de la forma, preocupa el fondo. El POT propuesto plantea modificar zonificaciones residenciales consolidadas para permitir actividades comerciales y de servicios en un corregimiento con infraestructuras viales colapsadas, servicios públicos saturados, escasez de áreas verdes y sistemas de drenaje insuficientes.
La Ley Marco de Urbanismo (Ley 6 de 2006) dispone que el ordenamiento territorial debe procurar el crecimiento armónico de los centros poblados y mejorar la calidad de vida de los habitantes. El POT, lejos de cumplir con esta finalidad, amenaza con deteriorar aún más las condiciones de San Francisco.
El Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y Atlántico (Plan Metropolitano, Miviot 2000, revisado en 2018) estableció la necesidad de estimular el uso residencial en la zona central y desalentar los usos de comercio y servicios. Su objetivo es avanzar hacia un modelo policéntrico que distribuya el crecimiento de la ciudad en diversas centralidades y descongestione la capital.
El POT de San Francisco contradice este principio al favorecer un modelo monocéntrico, concentrando aún más población, actividades y tráfico en áreas ya saturadas. Esto afecta la movilidad, la infraestructura, la seguridad y el bienestar de los moradores.
La ciudad de Panamá no necesita decisiones que profundicen el caos urbano, sino coherencia entre leyes, planes metropolitanos y decisiones locales, además de procesos de participación auténticos, abiertos y transparentes, donde los habitantes puedan expresar sus necesidades antes de que se adopten medidas que impactan directamente su entorno.
Es especialmente preocupante que se realicen estudios costosos y consultas ciudadanas que luego no se tomen en cuenta, contradiciendo los principios de planificación participativa y técnica. Los POT deben estar alineados con el Plan Metropolitano y no en contraposición a él, garantizando que las decisiones sobre uso del suelo y desarrollo urbano respeten la visión de ciudad policéntrica y sostenible que todos necesitamos.
La autora es arquitecta.
