Tras la ofensiva del bloque occidental para desarticular el comunismo en Europa durante la década de 1980, el neoliberalismo se consolidó como una realidad casi ortodoxa. Este giro marcó un hito determinante en la economía global. Con su llegada, muchos gobiernos comenzaron a adoptar la austeridad como única vía de salvación, reduciendo de forma significativa el intervencionismo estatal con el objetivo de promover la apertura del mercado libre, la innovación y el crecimiento económico. Esta nueva realidad fue impulsada principalmente por Estados Unidos y el Reino Unido, y posteriormente asumida por otros países capitalistas de Europa y América Latina.
Con la imposición del pensamiento neoliberal, el fordismo —entendido como estabilidad laboral y base de la producción masiva— fue relegado y sustituido abruptamente por el posfordismo. Este nuevo modelo de “desarrollo” promueve la flexibilización laboral, la subcontratación y la tercerización de servicios, presentadas como requisitos necesarios para responder a las exigencias del mercado global. La vida laboral y la vida personal se vuelven progresivamente inseparables; el ocio y el tiempo libre pasan a integrarse en la lógica productiva, mientras se exige producir más con menos recursos económicos y menor fuerza laboral.
En este nuevo esquema económico, el trabajador pierde autonomía y deja de ocupar el eje central de la sociedad. Esto conlleva la desarticulación progresiva de los sindicatos, el debilitamiento de la clase obrera y la proliferación de contratos temporales, generando precarización e inestabilidad laboral. Antes del posfordismo, existía una correlación más directa entre Estado y trabajador; en cambio, el neoliberalismo sitúa al consumidor como pilar del sistema, profundizando las desigualdades sociales. Estos fenómenos constituyen síntomas evidentes del capitalismo tardío, entendido como su fase más avanzada.
Una vía para aliviar estos efectos es la participación activa del Estado frente a la crisis social y económica. El Estado no debe limitarse a regular, sino proteger y velar por los intereses colectivos, manteniendo su autonomía y soberanía mediante un modelo de gobierno abierto. En la práctica, la crisis actual no está siendo resuelta, sino gestionada. Como advirtió el escritor británico Mark Fisher en Is There No Alternative?, atravesamos una sensación de agotamiento profundo, una esterilidad cultural y política generalizada.
De ahí que subordinar la acción estatal al bien común resulte imprescindible. No es posible una transformación colectiva de gran alcance sin un Estado que participe activamente en la toma de decisiones. Aunque el neoliberalismo restringe la intervención estatal en la economía, también reduce su capacidad política. En este contexto, priorizar el bien colectivo sobre el individual se vuelve urgente, en un mundo donde —paradójicamente— resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
La autora es internacionalista.
