En el imaginario colectivo, Panamá es una nación definida por el agua. Somos el puente que une dos océanos, el país de la exuberante selva tropical y el hogar de una de las maravillas de la ingeniería que funciona, precisamente, gracias a la gestión hídrica. Sin embargo, detrás de la opulencia de los rascacielos y el tránsito de buques se esconde una realidad lacerante: miles de panameños abren el grifo cada mañana y solo encuentran el silencio de las tuberías secas.
El acceso al agua potable no es simplemente un servicio público más; es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente y, de forma implícita y explícita, protegido por nuestra Constitución. En esta línea, el artículo 118 de la Carta Magna establece como “deber fundamental” del Estado garantizar que el agua satisfaga los requerimientos adecuados de la vida humana. No obstante, en la República de Panamá, la brecha entre el precepto constitucional y la realidad cotidiana es un abismo que parece ensancharse día a día.
Resulta contradictorio que un país con una oferta hídrica per cápita muy superior a la media mundial sufra racionamientos crónicos. El problema en Panamá no es la falta de agua en el ciclo natural, sino la crisis de gestión, infraestructura y voluntad política. El crecimiento urbano desordenado ha superado con creces la capacidad de las plantas potabilizadoras existentes, aunado a las evidentes muestras de contaminación de los principales afluentes de donde se capta el agua para su tratamiento y posterior suministro a la población.
Cuando el Estado falla en su mandato constitucional de proveer agua, el derecho se privatiza de facto. Las familias con menores recursos se ven obligadas a depender de carros cisterna, una solución paliativa, costosa y a menudo insalubre, o a comprar agua embotellada, destinando un porcentaje desproporcionado de sus ingresos a un recurso que debería estar garantizado. Esta desigualdad transforma la ciudadanía en una jerarquía en la que el acceso a la higiene y la salud depende de dónde esté ubicada la residencia.
La perspectiva a futuro exige que dejemos de tratar el agua como un botín político de turno. Necesitamos elevar la gestión del agua a una verdadera política de Estado. Esto implica:
a. Modernización del IDAAN: Es urgente despolitizar la institución y dotarla de autonomía financiera y técnica.
b. Protección de cuencas: El cambio climático, el fenómeno de El Niño y la destrucción ambiental ya no son amenazas lejanas; son realidades que afectan el nivel de nuestros embalses.
c. Justicia hídrica: La ley debe garantizar que el consumo humano sea la prioridad absoluta, por encima de intereses industriales, comerciales o mineros.
La Constitución panameña nos otorga el derecho fundamental al agua, derecho que “resguarda tanto la prestación del servicio de suministro de agua en condiciones de calidad, equidad, sostenibilidad, regularidad y continuidad, como también respalda la garantía y protección ambiental del recurso hídrico” (Fallo de 25 de mayo de 2017 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia).
El agua es el hilo que sostiene el tejido social y económico de nuestra nación. Cumplir con el mandato constitucional no es una opción técnica; es un imperativo ético. Panamá no puede seguir siendo el país de la abundancia con grifos vacíos. Es hora de que el derecho al agua pase del papel a la realidad de cada hogar panameño y que el Estado, frente a acciones humanas que destruyen los afluentes hídricos, asuma el rol sancionador y de control necesario.
El autor es abogado.
