Aunque diversas fuentes dan cuenta de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (de Venezuela) posee distintos tipos de misiles —principalmente de origen ruso, sueco y francés— e incluso que podría tener algunos desarrollados con tecnología nacional apoyada por países como Rusia, China, Irán y Turquía, se entiende que son armas con alcance para interceptar objetivos entre los 4 y los 250 km.
Sin embargo, otra cosa es la capacidad de alcance de algunos aviones de combate de las FANB, fabricados en Rusia, Estados Unidos y China (como el Sukhio Su-30, el F-16 y el Hongdu K-8VV), que tienen la capacidad de lanzar misiles y bombas. Es relevante que el Sukhio Su-30 tiene autonomía extendida y capacidad de carga optimizada para hacer viajes de ida y vuelta a distancias como la del Canal de Panamá desde, al menos, unas cinco bases aéreas venezolanas.
Las operaciones del Comando Sur estadounidense en el Caribe, de conformidad con el argumento de que el llamado “cartel de los soles”, jefaturado por Maduro, Cabello y Padrino, ha promovido el narcotráfico y de que esta actividad ha dejado de ser un problema meramente jurídico para convertirse en un asunto de seguridad nacional que fija blancos militares, tendrían como objetivo táctico relevante eliminar la capacidad de operaciones aéreas de las FANB. La razón es clara y contundente: Estados Unidos no podría permitir que la capacidad ofensiva aérea de Venezuela tenga la posibilidad de convertirse en una amenaza cinética para el Canal de Panamá, principal interés estratégico de la potencia norteña en Latinoamérica y el Caribe.
Esto revela una de las diversas razones por las cuales el Pentágono ha desplegado una flota ofensiva de muy avanzada tecnología en el Caribe. Estados Unidos no puede permitirse el más mínimo descuido en lo que respecta a la seguridad del Canal, porque si algo ha demostrado la jefatura de la estructura de mando venezolana hoy día es que no está provista de sentido común, y que la insensatez en ella puede y debe ser considerada como algo probable.
Ni Maduro ni su entorno castrense y político parecen haberse enterado de lo que ocurrió con Noriega y las Fuerzas de Defensa de Panamá hace 36 años. Actúan como si aquello no hubiera sucedido y repiten, a pie juntillas, lo que históricamente llevó al desenlace del 20 de diciembre. No demuestran comprender el hecho histórico, ni parecen haber estudiado la operación Causa Justa en sí misma; mucho menos han realizado una proyección basada en la experiencia de aquel entonces y en los cambios doctrinales, metodológicos y tecnológicos de hoy día.
Desde hace más de dos décadas, bajo la égida de Estados Unidos, se han llevado a cabo 23 ejercicios Panamax orientados a la defensa del Canal. Alrededor de una decena de ellos se basó directa y explícitamente en hipótesis que hoy podrían convertirse en un hecho real (los demás ejercicios también lo estaban, de forma indirecta o implícita).
Si se toma en cuenta la naturaleza de estas hipótesis, se podría comprender que, en esta ocasión, el Pentágono no está realizando un juego de guerra, sino que se enfrenta a una previsión planteada prácticamente desde el nacimiento del régimen chavista, que casi coincide con el tiempo desde el cual Panamá está comprometida a mantener presencia militar en su territorio para brindar seguridad al Canal, de acuerdo con el tratado firmado con Estados Unidos; asunto sobre el cual la última administración estadounidense ha hecho señalamientos contundentes desde 2024.
Incluso meses después, cuando con trato amigable el presidente Trump felicitó al presidente Mulino con motivo de las fiestas patrias panameñas, no dejó dudas de que Panamá es un socio crucial de Estados Unidos en lo referente a la seguridad nacional de este último país, planteamiento ahora expuesto a comprobación.
Una revisión más rigurosa permite observar que, durante cuatro décadas anteriores al traspaso del Canal a la República de Panamá, el Pentágono mantuvo los ejercicios Unitas. Las hipótesis principales fueron diversas; pero allí estuvieron, en varias ocasiones, los temas que hoy destacan: narcotráfico, amenaza foránea al Canal, migración irregular y defensa costera, entre otros.
Es decir, son siete décadas de inversión considerable en ejercicios para enfrentar circunstancias como las imperantes desde el segundo semestre de 2025. No se trata de un juego de guerra ni de guerra psicológica de Estados Unidos hacia Venezuela. Si Maduro, Cabello, Padrino y los demás integrantes de la cúpula de mando venezolana —denominada por Washington como cartel de los soles— no entienden esto, pagarán muy caro su ignorancia, que seguro tendrá mucho que ver con su apego a la idea de que controlan un país al que harán ingobernable y sobre el cual desencadenarán un baño de sangre contra todo aquel que identifiquen como enemigo del régimen.
En Panamá, por su parte, las autoridades deben tener presente que, por la experiencia vivida entre 1987 y 1989, y por lo practicado desde la década de 1960 hasta 2025, se viven momentos de máxima preocupación por todo lo que implicaría una incomprensión de quienes hoy gobiernan Venezuela. La seguridad nacional es, ahora, una premisa en plena prueba.
El autor es sociólogo y analista político.
