Panamá corre el riesgo de tropezar con la misma trampa histórica: la ilusión de que el progreso se mide en policías, retenes y cámaras de vigilancia. La evidencia es contundente: la fuerza puede imponer orden, pero es incapaz de generar productividad. La verdadera riqueza aparece cuando el Estado potencia la libertad y la iniciativa de sus ciudadanos, no cuando asfixia su cotidianidad para vigilarles.
El Estado policial es un analgésico, no una cura. Puede anestesiar el delito temporalmente, pero jamás sustituirá la escuela, el empleo formal ni la movilidad social. Cuando la coerción se vuelve la única herramienta del gobierno, el orden deja de ser una plataforma para el progreso y se convierte en un simple instrumento para administrar la miseria.
Quienes piden a gritos imitar el modelo salvadoreño ignoran la letra chica de su economía. El Salvador ha logrado una innegable pacificación militar de sus calles, pero sigue siendo uno de los países con menor crecimiento económico de Centroamérica, asfixiado por la deuda y con una inversión extranjera que no llega.
La historia local desmonta el mito con cifras: la dictadura militar panameña (1968-1989) demuestra que la percepción de seguridad no es sinónimo de desarrollo. Bajo una fachada de orden y control, el régimen financió su estabilidad mediante un endeudamiento externo descontrolado. De menos de 300 millones de dólares en 1968, la deuda pública escaló a 5,173 millones hacia 1989, un incremento del 1,600% en la carga por habitante que se fraguó en los años setenta, precisamente cuando el aparato militar parecía más robusto.
El mismo modelo que prometía “dormir con las puertas abiertas” dejó al país en quiebra, con la banca paralizada y cuatro de cada 10 panameños en la pobreza. La historia propia de Panamá demuestra, con cifras y no con opiniones, que la obsesión del Estado por vigilar a sus ciudadanos y la prosperidad económica sostenible avanzan en direcciones opuestas.
La lección es clara: las cárceles, ni el Estado Policial construyen riqueza. La inversión internacional no busca solo calles patrulladas; busca seguridad jurídica, educación de calidad y un mercado con poder adquisitivo. Un orden punitivo puede apagar el fuego hoy, pero si no transforma la matriz productiva de un país, el resultado no es el desarrollo, sino una pobreza pacificada, vigilada y sin futuro.
Elegir esta ruta tiene un costo de oportunidad devastador para el desarrollo humano a largo plazo. Cada centavo que se desvía para financiar una maquinaria punitiva hipertrofiada es un recurso que se le arrebata a áreas estratégicas como la innovación, la salud pública y la infraestructura. Al final, los presupuestos son finitos: cuando la seguridad absorbe las arcas del Estado, la paz del presente se compra hipotecando el progreso de las próximas generaciones.
El mapa de la delincuencia ha cambiado muy poco en veinte años. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue únicamente policial; es estructural. El diagnóstico real no es que falte Estado en los barrios vulnerables, sino que este se presenta de forma incompleta y asimétrica.
En los barrios más vulnerables el Estado llega siempre con el rostro del castigo a través de la patrulla, la fiscalía y la cárcel, pero es invisible como oportunidad al ausentarse de la educación de calidad, el empleo digno, la salud y el deporte. Un país que gasta más en perseguir criminales que en evitar que existan seguirá ganando titulares de prensa mientras pierde el futuro de su juventud. Las patrullas pueden ocupar un barrio por unas horas, pero solo las oportunidades reales pueden transformarlo para siempre.
El autor es amigo de la Fundación Libertad.
