La noticia de las presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen no es simplemente un escándalo administrativo más. Es la manifestación más cruda de un fracaso sistémico que expone cómo las instituciones creadas para proteger a la niñez panameña han terminado siendo parte de su vulneración por omisión. Mientras el Ministerio Público realiza sus investigaciones, es momento de preguntarnos: ¿Cómo llegamos aquí?
La Ley 14 de 2009 es cristalina: su objeto es “el fortalecimiento institucional para la protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia”. Se estableció una arquitectura institucional robusta, con una junta directiva compuesta por ministros de Estado, representantes de la sociedad civil y el Contralor General. Sobre el papel, era el modelo perfecto de corresponsabilidad entre Estado y sociedad.
El artículo 12 establece que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) debe “supervisar la calidad en la prestación de servicios sociales dirigidos a la niñez y la adolescencia” y “evaluar periódica y sistemáticamente los programas”. El artículo 16 ordena a su Junta Directiva “supervisar el funcionamiento y la administración de la institución”. No hay ambigüedad. No hay vacíos legales. El mandato es claro.
La Ley 285 de 2022 reforzó estos mecanismos. Creó el Sistema de Garantías y Protección Integral con niveles específicos de rectoría, supervisión y seguimiento. Estableció Comités Provinciales, Unidades de Atención, mecanismos de monitoreo. Sobre el papel, es un sistema robusto. El problema no es la ley. El problema es que nadie la ha cumplido.
El artículo 16 de la Ley 14 asigna a la junta directiva funciones específicas: promover políticas efectivas, supervisar la administración, aprobar presupuestos. Esta Junta está integrada por siete ministros de Estado, el Contralor General y representantes de la sociedad civil. Son las personas con mayor poder e información en el país.
¿Dónde estaba esta Junta mientras se deterioraban las condiciones en el CAI de Tocumen? ¿Cuándo fue la última vez que visitaron el albergue? ¿Leyeron los informes que la ley les obliga a revisar? El artículo 17 establece que deben reunirse cada cuatro meses. ¿Lo hicieron? ¿Exigieron rendición de cuentas al Director de la Senniaf? La Junta tenía el poder, tenía el mandato legal, tenía la información. No actuó.
¿Cuántas denuncias sobre maltrato o negligencia en centros de la SENNIAF recibió la Procuraduría y archivó? ¿Cuántas inspecciones ordenó proactivamente? El Ministerio Público no debe esperar a que estalle un escándalo para actuar. Debe investigar, prevenir y perseguir de oficio delitos contra la niñez.
El artículo 4 de la Ley 14 es demoledor: el Estado “no podrá alegar limitaciones presupuestarias para incumplir las obligaciones establecidas”. No hay excusas válidas. No hay justificaciones aceptables. La protección de la niñez es una obligación absoluta del Estado panameño.
Cada niño que sufrió en Tocumen sufrió porque autoridades con poder, con mandato legal, con recursos, decidieron no actuar. No faltaron leyes. No faltaron mecanismos. No faltaron atribuciones. Faltó voluntad. Faltó compromiso. Faltó decencia humana. Y, sobre todo, faltó entender que la ley no puede ser letra muerta cuando de por medio está el sufrimiento de los más vulnerables.
El caso de Tocumen no debe quedarse en un escándalo mediático que se olvida en dos semanas. Debe convertirse en el punto de quiebre donde la ciudadanía panameña dice “basta” y exige que las leyes que aprobamos en nombre de nuestros niños se cumplan con el rigor con que se promulgan.
Las investigaciones de la Procuraduría deben trascender los presuntos delitos en Tocumen. Deben establecer responsabilidades por omisión. Cada miembro de la junta directiva de la Senniaf debe explicar qué hizo para cumplir su mandato legal. No pueden escudarse en la ignorancia cuando la ley les daba el poder y la obligación de saber.
Porque cuando un Estado falla en proteger a sus niños, habiendo recibido todas las herramientas legales necesarias, no falla solo una institución. Falla toda una clase dirigente que antepuso la comodidad de la inacción al imperativo legal y moral de proteger a los más vulnerables.
Panamá no necesita más leyes. Necesita autoridades comprometidas a cumplir y hacer cumplir las que ya tenemos.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
