Me permito preguntarle abiertamente, señor presidente Cortizo, ¿usted se ha leído en su totalidad el nuevo contrato minero? Porque las implicaciones de este contrato son tan graves, preocupa la forma tan irresponsable en que actúan quienes están supuestos a velar por los mejores intereses de la nación preocupa, cuando nos enfrentamos a la instalación por varias décadas más de una de las industrias más destructivas del planeta, la de la extracción minera metálica.
Usted, señor presidente, hizo un juramento el día que tomó posesión para dirigir los destinos de la nación, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero presidente, justo por eso tengo que creer que usted no ha leído el contrato minero inconstitucional que llevará su firma para la historia, cuando en la cláusula 1 declara la actividad minera como de utilidad pública y de interés social y da pie para que muchas normas y leyes vigentes en el territorio nacional se supediten al interés de la empresa extractiva.
Estoy segura, señor presidente Cortizo, que usted no ha leído este contrato, porque con su juramento no podría permitir lo que dice la cláusula tercera, entre las facultades y derechos de la concesionaria, que puedan dentro y fuera del área de concesión (sin especificar en el texto hasta dónde llega el “fuera del área de concesión”) realizar todas las operaciones, terrestres, aéreas y marítimas para el beneficio de la operación minera de la concesionaria y sus afiliadas, incluyendo la posibilidad de que soliciten restricción sobre el espacio aéreo sin que una sola letra del contrato hable del derecho de la autoridad estatal a rechazar dicha solicitud.
Tengo que creer firmemente, señor presidente, que habiendo sido legislador de la nación y conociendo la hermenéutica legislativa, usted no ha leído el contrato minero, cuando permite que la posibilidad de expansión de la operación minera le facilite a la empresa no solo comprar tierras del Estado a muy bajos costos, sino llegar hasta la expropiación de terceros y que sea la empresa la que tenga la prerrogativa de reconocer o no el título de propiedad de los afectados, como se redacta en los numerales 14 y 15 de esa misma “muy generosa” cláusula tercera. Insisto en pensar, señor presidente, que usted, confiando en su equipo, no se ha leído la totalidad del contrato minero lesivo a la nación, cuando en el numeral 18 de la misma cláusula, en donde le cedemos parte de la soberanía a la concesionaria, usted no leyó el particular que dice: “para el desarrollo efectivo o la operación del proyecto y prestar los servicios aéreos, marítimos y terrestres dentro del territorio panameño, en la medida en que dichos servicios sean necesarios para el desarrollo de la operación del proyecto”. Es decir, que todo el territorio panameño, sus cielos, aguas y suelo, estarían en disposición para la circulación, tránsito y trasiego de la operación minera -en expansión- como se reitera a lo largo del contrato.
Señor presidente Cortizo, como ministro de Desarrollo Agropecuario, usted dio un golpe de mesa en las negociaciones del TLC con Estados Unidos y renunció al cargo, porque lo que allí se negociaba era lesivo para el sector agroproductor nacional, lo que ha quedado demostrado. Por eso estoy segura que usted no se ha leído este contrato, porque lo que acá se negocia es muchísimo peor y no solo para un sector, sino para el país que le confió la dirección de su destino por cinco años. Lo más grave se consolida cuando leemos la cláusula 46, que dice:
" El presente contrato será la norma legal entre las partes. El presente contrato y los derechos y obligaciones derivados del mismo se regirán por la ley especial que apruebe el mismo y las leyes en vigor a la fecha de firma de este contrato y que rijan en el futuro en la República de Panamá que le sean aplicables, excepto en la medida en que tales leyes o disposiciones legales le sean contrarias o sean inconsistentes o incompatibles con la ley que apruebe este contrato…”
Lo que indica, señor presidente, que si cualquier norma de la nación, vigente o por venir, afecta en algo, alguno o todos los derechos y/o beneficios, que tiene la empresa y sus afiliadas blindados con este contrato, la ley por encima de las leyes, es el contrato lesivo a los intereses de la nación. Si esto no son fueros y privilegios, entonces, ¿cómo le llamamos, señor presidente Cortizo?
No voy a entrar en los detalles financieros, que usted como yo y más aún la gente de números sabe, que aunque se logró un piso de ingreso mínimo, ni resuelve problemas de la Caja de Seguro Social, de las comunidades, de desarrollo real y participativo, y que con todos los créditos, exoneraciones fiscales que persisten y cláusulas de excepción de pagos, aplicables bajo varias circunstancias, Panamá nunca recibirá lo que merece por su riqueza no renovable que sale del país, ni por los daños, despojos y pérdidas impagables, que ni siquiera se mencionan en 69 páginas de contrato
Por todo lo expuesto, señor presidente Laurentino Cortizo, y por mucho más que podría decirle de cada una de las 62 cláusulas, quiero creer que no se ha leído esta distorsión de negocio entre el Estado y una empresa extranjera, bajo el título de contrato ley, porque me niego a pensar que conociéndolo en su totalidad y en detalle usted lo avalaría sabiendo como yo, que otra vez se trata de un contrato inconstitucional.
La autora es arquitecta y activista ambiental
