En medio de una creciente ola de protestas, el diálogo parece haberse convertido en un gesto simbólico: las mesas están puestas, pero sin sillas para todos ni voluntad real de escuchar.
La promulgación de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS); la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) con Estados Unidos; y la posible reapertura de la mina de cobre en Donoso encendieron la chispa del descontento social. Sindicatos, docentes, grupos ambientalistas y estudiantes han encontrado en las calles un espacio donde sus voces parecen resonar.
Sin embargo, ni los manifestantes ni el gobierno nacional envían señales de que sentarse en una mesa de diálogo multisectorial sea una opción para alcanzar acuerdos que alivien la tensión que atraviesa el país.
La negativa a dialogar tiene raíces profundas y otras más recientes. Las mesas de Penonomé, en 2022, dejaron una sensación generalizada de desgaste, improvisación y falta de voluntad política. A esto se suma una desconfianza persistente entre los actores, alimentada por una narrativa binaria heredada de la Guerra Fría. Desde el gobierno y el empresariado, las movilizaciones sociales se perciben como amenazas al crecimiento económico; mientras que, desde los sectores movilizados, se les ve como un grupo mezquino que actúa solo en función de sus intereses. Además, la ineficacia estatal acumulada ha erosionado la confianza ciudadana y debilitado el respaldo al sistema democrático.
La creciente polarización en Panamá no es un fenómeno aislado. Como advierte IDEA Internacional, esta ha sido una constante en la región, dificultando el diálogo entre sectores ideológicamente opuestos. Levitsky y Ziblatt advierten que el quiebre democrático se profundiza cuando los actores políticos dejan de reconocerse mutuamente como interlocutores válidos, sustituyendo la legítima adversidad por enemistad.
A lo largo de su historia, Panamá ha demostrado que es posible construir acuerdos incluso en contextos de alta tensión. En los años noventa se celebraron espacios como los diálogos de Bambito, Coronado y Visión 2020, donde diversos sectores acudieron con la voluntad de debatir en igualdad de condiciones sobre el rumbo del país.
Frente al escenario actual, urge relegitimar espacios como el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, que permitió la aprobación de leyes clave, como la de Responsabilidad Social Fiscal en 2008, con apoyo multipartidista. También se debe fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos como las juntas de desarrollo local, útiles para canalizar prioridades comunitarias a través de la descentralización.
Identificar temas de beneficio universal —como el acceso al agua, la igualdad de género, la educación de calidad, la salud pública o el crecimiento sostenible— puede ayudar a construir una agenda común. Estas causas transversales, junto con demandas ciudadanas más inmediatas, deben ser parte integral de los futuros diálogos.
Ante el clima de polarización y desconfianza, se debe considerar la integración de mediadores o árbitros externos con alto nivel de credibilidad, así como el uso de tecnologías que permitan foros y cabildos abiertos virtuales, garantizando inclusión y transparencia en la toma de decisiones públicas. Ello puede abrir paso a soluciones ciudadanas que aún no imaginamos.
El diálogo multisectorial es la piedra angular para edificar sociedades más inclusivas. Como escribió Tocqueville: “La democracia no puede existir sin la capacidad de sus ciudadanos para dialogar, debatir y comprometerse en la búsqueda del bien común”. La mesa está puesta, pero aún faltan los invitados.
Los autores son abogado y economista, respectivamente.
