La tuberculosis (TB) ha sido una compañera constante de la humanidad desde hace milenios. No fue sino hasta 1882 que el doctor Robert Koch descubrió la Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que la ocasiona, con la cual se puede convivir por semanas sin desarrollar la enfermedad (infección de tuberculosis latente). Pero una vez el sistema inmunitario no pueda combatirla, la persona comenzará a presentar síntomas: dolor en el pecho, fatiga, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos y tos con mínimo dos semanas de duración, y además podrá transmitirla. Sin el tratamiento adecuado, puede causar la muerte.
En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la tuberculosis como “emergencia de salud pública mundial”. Aun siendo una enfermedad prevenible y tratable, datos de esta organización revelan que en el 2021 se estimó que 10.6 millones de personas se enfermaron y 1.6 millones fallecieron. Es una cruda realidad: hoy, la TB es la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en la Tierra.
De los 35 países miembros que conforman la Región de las Américas de la OMS, 12 son prioritarios: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Haití, México, Panamá, Perú y Venezuela. Por ello, el 24 y 25 de abril pasado se llevó a cabo, en Panamá, la Cumbre de Parlamentarios contra la Tuberculosis. Su objetivo era definir una postura parlamentaria regional que facilite la participación de los jefes de Estado en la segunda reunión de alto nivel en TB, a realizarse durante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre próximo. La cumbre culminó con la firma de la “Declaración de Panamá en Tuberculosis” por los 8 países participantes.
Poner fin a la TB es parte de la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como consta en la Declaratoria, la TB afecta a grupos vulnerables como: menores de edad, personas con VIH, diabetes, privadas de libertad y migrantes, entre otros. Por ello, las estrategias deben ser abordadas bajo el marco de los derechos humanos y enfoque de género, con políticas públicas de protección social y pertinencia cultural, por lo que es indispensable la participación de sociedad civil, academia, parlamentarios y comunidades afectadas.
La autora es toxicóloga, pasante en la Unidad de Biomarcadores de Tuberculosis del Indicasat-AIP e integrante de Ciencia en Panamá.
