El pasado 11 de octubre se recordó un año más desde que, con el golpe de Estado en Panamá, inició el régimen militar dictatorial que se prolongó hasta la invasión por los Estados Unidos de América, el 20 de diciembre de 1989.
Si bien es comúnmente aceptado que existió una dictadura militar, los efectos de esta son percibidos de forma realmente distinta, dependiendo de la óptica del interlocutor. Para un sector de la población, por ejemplo, dicho periodo fue el más oscuro de nuestra historia, no existía la esperanza del acceso a la justicia ni la reparación y el cuestionamiento o desacuerdo podía “justificar” la persecución, arresto, tortura o incluso la muerte. Para otros, la dictadura sumó las “víctimas” necesarias, inevitables para la construcción de un Estado social, que brindará oportunidades a los sectores desfavorecidos de la sociedad y que, por fin, extinguirá la línea invisible entre las clases altas y las clases bajas, permitiendo el surgimiento de una clase media profesional. Para otros, generalmente aquellos que no vivieron dicho periodo, la dictadura militar, la invasión y todos los eventos relacionados les son totalmente indiferentes, no por falta de empatía, sino por falta de conocimiento. Sobre este último punto, pretendo enfocar mi reflexión.
Al margen de la percepción, de la opinión o incluso de la experiencia, existe la verdad. Y lo cierto es que, desde el golpe de Estado en 1968, hasta el momento previo a la invasión de los Estados Unidos, el gobierno de facto irrespetó toda garantía y derecho, censuró, persiguió, arrestó, torturó y asesinó a cientos de personas que, hoy, aún no se han contabilizado y cuyos restos, en su mayoría, no han sido ubicados.
Estos hechos fueron debidamente documentados por una Comisión de la Verdad que, si bien es cierto, tuvo falencias y dificultades, fue el resultado del presupuesto asignado y de la voluntad que, como nación, se tenía para encontrar “la verdad”. Dicha Comisión, tenía como objetivo principal investigar, identificar y, en el mejor de los casos, encontrar los restos de los asesinados y desaparecidos por el régimen militar. Y esto nos invita a reflexionar ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de volver al pasado, e intentar identificar violaciones específicas al derecho a la vida, por ejemplo, si fueron tiempos generalizados de violencia y terror?
A mi juicio, y anticipando que existen una diversidad de causales, el motivo principal que justifica este tipo de comisiones se deriva de la necesidad de las víctimas de que se reconozca y repare su dolor, sentimiento que les fue negado, ignorado y silenciado durante años.
La República de Panamá, a mi juicio, ha fallado en cumplir con esa misión. Las víctimas y sus familiares no pueden tener acceso a la justicia, mientras que el Estado insista en ocultar y minimizar lo ocurrido. La falta de esfuerzos, incluso 33 años después, para compensar a las víctimas, adoptar planes de estudio para las escuelas que incluyan una descripción de los hechos o, incluso, eventos tan sencillos de reconocimiento y conmemoración, denota la falta de voluntad estatal en reparar a las víctimas.
Sin justicia ni reparación, no puede haber reconciliación.
La autora es miembro de la Fundación Libertad.
