El sábado 27 de diciembre, en horas de la noche, ocurrió algo profundamente simbólico en Arraiján, a las faldas del Puente de las Américas. Amparándose en un supuesto “peligro estructural”, mediante un comunicado acompañado de fotografías, la Alcaldía ordenó la demolición del monumento chino del Mirador del Puente de las Américas, emblema de la presencia china en Panamá. Quizás para cuando usted lea esto ya no queden ni los escombros más pequeños. La pregunta es sencilla y dura: soberanía, ¿de qué? No se trata de una “tierra de nadie”. El terreno fue concedido en 2004 a la Asociación China en Panamá por 20 años, plazo ya vencido, y el municipio decidió no renovar la concesión. Que el plazo termine puede ser legal; usarlo como pretexto para borrar una memoria incómoda para un imperio es otra cosa.
Que una concesión venza no autoriza a arrasar con lo construido, sobre todo cuando se trata de un símbolo de una comunidad que ha invertido tiempo y recursos en ese lugar. La ley organiza la administración de los bienes municipales, pero no obliga a ejercer el poder sin diálogo. El problema no es que el Estado recupere un terreno, sino cómo lo hace y qué decide borrar en el proceso.
Aun aceptando que la concesión terminó, la pregunta de fondo persiste: ¿hubo informes técnicos públicos que probaran el “peligro estructural”? ¿Se notificó con seriedad, se escucharon propuestas de refuerzo o restauración, se habló con la embajada china antes de tumbar un monumento que también forma parte de la relación entre Estados? La impresión es que pesó más la retroexcavadora que la conversación.
Tampoco parece ser un tema de dinero. La comunidad china ha manifestado su disposición a financiar la restauración y el embellecimiento del área, y a participar en el rediseño del mirador; así lo ha afirmado también la embajadora. Podrían asumir todo el costo sin que el municipio gaste un centavo. No es un problema de plata; es un problema de voluntad política y de respeto.
Mientras tanto, en la otra orilla de este país simbólico, el Ministerio de Cultura anuncia con orgullo millones de dólares para la restauración y “puesta en valor” de la Plaza de Francia, joya del Casco Antiguo. La Plaza de Francia merece cada dólar. Lo que indigna no es que se restaure, sino la asimetría: para un monumento que honra la empresa francesa en el canal, millones; para un monumento que honra más de 150 años de presencia china en Panamá, silencio, vencimiento de concesión y, en el mejor de los casos, una invitación a desaparecer del paisaje.
A esto se suman otras postales de nuestra supuesta soberanía. En el antiguo aeropuerto de Howard, hoy Panamá Pacífico, se observa despegar más metal gris de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que otro tipo de aeronaves, al amparo del famoso Memorando de Entendimiento. Y desde lejos, Donald Trump se permite escribir, desde enero pasado, en su red social, que en Panamá “quitan a gran velocidad” carteles en chino en la zona del canal, como si fuéramos un tablero donde otros acomodan sus fantasmas.
Sagazmente, el presidente Mulino se desligó hace meses de este hecho que veía venir, indicando que no metamos a Panamá en conflictos. Esto no será geopolítica de alto vuelo, pero sí es política de bajo respeto: una decisión que manda el mensaje de que la memoria de unos vale más que la de otros. Porque la soberanía no se mide solo en tratados ni en bases. También se mide en cómo tratamos nuestra memoria compartida: qué monumentos protegemos, cuáles dejamos caer, qué comunidades son escuchadas y cuáles quedan archivadas. Si la Alcaldía de Arraiján usa el vencimiento de una concesión como excusa para barrer con un símbolo de la comunidad china, pese a que esta ofrece financiar su restauración, nos dice que hay memorias prescindibles.
Hasta que no entendamos que la verdadera soberanía implica instituciones que escuchan, dialogan y rinden cuentas, seguiremos atrapados en esta contradicción: orgullosos de restaurar una Plaza de Francia con millones, mientras dudamos si vale la pena conservar un monumento que honra a quienes también pusieron el hombro para construir este país, siendo hoy más de 300 mil descendientes. Y desde Arraiján, frente al puente, la pregunta seguirá flotando en el aire: soberanía… ¿de qué?
El autor es ingeniero industrial, internacionalista y abogado.
