En el complejo escenario global de 2026, la República de Panamá se encuentra ante una encrucijada que define no solo su política exterior, sino su identidad como nación soberana. La agresión armada unilateral y la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela han dejado de ser eventos aislados para transformarse en desafíos directos a la arquitectura jurídica que garantiza nuestra propia existencia.
Para un país cuya columna vertebral es una vía interoceánica de importancia sistémica, el derecho internacional no es una abstracción académica, sino el único escudo real frente a la arbitrariedad del poder entre los Estados contemporáneos. Sin embargo, asistimos hoy a una preocupante geopolitización de la justicia, donde las normas son invocadas o silenciadas según los intereses de las potencias en disputa, poniendo en riesgo la estabilidad del Caribe y la neutralidad estratégica de nuestro istmo.
Esta erosión del orden internacional comienza por la aplicación selectiva de los tratados, que constituyen la fuente suprema y el cimiento del derecho internacional contemporáneo. Mientras el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas —el documento fundacional de la gobernanza global— prohíbe taxativamente la amenaza o el uso de la fuerza, observamos una asimetría ética alarmante.
A manera de ejemplo, potencias que ejecutan actos constitutivos del crimen de agresión internacional, según el artículo 8 bis del Estatuto de Roma, evaden la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) para actuar bajo un manto de impunidad. Como sostiene el profesor Kai Ambos, especialista en derecho penal internacional de la Universidad de Gotinga, esta selectividad jurídica socava la protección de los países del sur global. Para Panamá, que debe apostar por la eficacia del derecho y no por la fuerza del arsenal, esta tendencia representa una amenaza estructural: si el derecho deja de ser la norma universal de convivencia para convertirse en un manual de instrucciones al servicio de la hegemonía, la soberanía de las naciones pequeñas queda reducida a una concesión revocable.
La gravedad de esta situación se intensifica al descorrer el velo de los argumentos formales para observar los intereses de fondo. El International Crisis Group (ICG) ha advertido que lo que a menudo se presenta como campañas contra el narcoterrorismo u objetivos humanitarios oculta, en realidad, un ruido de sables destinado al control de activos estratégicos. Informes del ICG sugieren que tras la presión militar subyacen disputas por una participación dominante en la riqueza petrolera y mineral de Venezuela, lo que plantea dudas razonables sobre si el fin último es la democracia o el beneficio extractivo.
Esta lógica transaccional convierte a la región en un pivote estratégico donde potencias extrarregionales instalan infraestructuras de defensa asimétrica, como documenta el Center for Strategic and International Studies (CSIS). En este tablero, Panamá es el nodo más sensible: cualquier incidente en la cuenca del Caribe impacta directamente en la operatividad del Canal.
Ante este panorama, Panamá debe hablar desde la autoridad moral que otorga su propia cicatriz histórica. Cargamos con el trauma de la invasión de 1989, una herida documentada por la Comisión de la Verdad de Panamá, que aún dicta nuestra postura: la seguridad colectiva no puede ser un trofeo de guerra. Nuestra trayectoria hacia la soberanía plena no fue producto de la violencia, sino de la persistencia diplomática y del respeto a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que consagra el principio pacta sunt servanda.
Esta memoria nos obliga a ejercer una crítica responsable sobre nuestra posición oficial, que con frecuencia parece alinearse con bloques de poder externos, en lugar de liderar un multilateralismo ético y autónomo que denuncie con la misma vara tanto la tiranía interna como la agresión externa motivada por intereses de los centros de poder internacionales.
Esta coherencia ética encuentra su raíz más profunda en el pensamiento de Simón Bolívar. En su Discurso de Angostura (1819), el Libertador advirtió que la permanencia indefinida de un ciudadano en el poder es el origen de la tiranía. La crisis venezolana es, en esencia, la materialización de esa advertencia. Sin embargo, Bolívar también alertó contra la resolución de conflictos locales mediante cañones extranjeros. La libertad de Venezuela debe ser una conquista de su propio pueblo, pues una democracia impuesta por la fuerza no es más que una soberanía tutelada que contradice el derecho inalienable a la autodeterminación.
El pronóstico geopolítico para este segundo cuarto del siglo XXI exige que Panamá evolucione de una neutralidad pasiva hacia una soberanía activa. Defender la integridad de la norma frente a la crisis venezolana es, en última instancia, un acto de defensa nacional: al proteger el cumplimiento de los tratados, blindamos el marco legal que garantiza nuestra soberanía sobre el Canal.
Esta realidad nos obliga a rescatar la advertencia de Blaise Pascal sobre la trágica dialéctica entre ética y poder: la justicia sin fuerza es impotente, pero la fuerza sin justicia es tiránica. El desafío de Panamá en esta hora crítica es resistir la lógica cínica de la realpolitik y promover un orden donde el derecho no sea un disfraz de la hegemonía, sino la fuerza capaz de someter a la fuerza misma, garantizando que el Caribe sea un mar de paz y prosperidad para todos los que allí tenemos ribera.
El autor es abogado.
