Hay una cosa curiosa con Panamá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): oficialmente no somos miembros… pero en la práctica ya estamos portándonos como el estudiante aplicado que hace la tarea sin estar matriculado en la clase. Y, claro, después nos preguntamos por qué igual nos siguen mirando con sospecha.
Cuando escribimos “París no es San Miguelito”, no era una frase bonita para cerrar columna, era una advertencia con disfraz de comparación absurda. Porque aquí seguimos creyendo que adoptar estándares internacionales automáticamente nos convierte en economía desarrollada, como si la institucionalidad se importara en contenedor y no se construyera con realidad. Spoiler: no funciona así.
Panamá empezó a alinearse con la OCDE hace rato: intercambio de información, reglas contra evasión, transparencia fiscal… todo el combo. Y eso, en papel, suena impecable. El problema es que ese mismo proceso viene con una factura silenciosa: cada estándar que adoptas reduce tu margen de maniobra. Y Panamá, le guste a quien le guste, no compite por tamaño ni por industria pesada… compite por ser útil, ágil y, digámoslo sin pena, fiscalmente atractivo.
Entonces entramos en el clásico enredo panameño, versión económica: el Estado dice que necesita recaudar más, pero al mismo tiempo depende de incentivos, exoneraciones y regímenes especiales para atraer inversión. Es decir, queremos cobrar más… sin dejar de seducir. Sí, suena a relación complicada; imagínate ahora para política fiscal.
Y ahí aparece la OCDE, con su tono elegante y su manual bajo el brazo, diciendo: “hay que ordenar esto”. Que si distorsiones, que si competencia fiscal perjudicial, que si alineación internacional. Todo muy bonito… hasta que uno hace la pregunta incómoda: ¿alinearnos con qué realidad? Porque París puede jugar a la perfección normativa porque ya resolvió su base económica; pero San Miguelito —y todo lo que representa— todavía está viendo cómo sobrevive.
Aquí es donde el discurso oficial empieza a caminar raro. Nos venden la idea de que todo esto es reputación, de que ahora sí vamos a ser “país serio”. Y no, tampoco nos hagamos los locos: Panamá sí tiene un problema interno —corrupción, discrecionalidad, debilidad institucional— que no se arregla con comunicados ni con checklists internacionales. Pero reducirlo todo a un tema de imagen también es cómodo. Porque así parece que el problema es cómo nos ven, y no cómo operamos. Y, en ese intento de corregir la percepción, corremos el riesgo de maquillar el fondo… o, peor, de cambiar lo que sí funciona sin haber arreglado lo que claramente no.
Hoy Panamá está en esa posición incómoda que nadie quiere admitir: no es miembro de la OCDE, pero actúa como si lo fuera. Cumple, ajusta, reforma… pero no decide. O sea, estamos en la mesa, pero sin cuchillo ni tenedor. Y lo más interesante es que encima agradecemos la invitación.
El punto no es satanizar la OCDE —eso sería igual de ingenuo que idealizarla—. El punto es entender el juego. Porque, si vamos a adoptar estándares, que sea con intención estratégica, no por ansiedad reputacional. Si vamos a ceder margen, que sea porque ganamos algo a cambio, no porque queremos que nos den una palmadita internacional.
Al final, la lección sigue siendo la misma, solo que ahora con acento más caro: París no es San Miguelito. Y pretender que las mismas reglas producen los mismos resultados no es desarrollo… es fe.
La recomendación es simple, aunque no cómoda: Panamá tiene que dejar de comportarse como aspirante y empezar a negociar como jugador. Adoptar lo que conviene, resistir lo que afecta y, sobre todo, entender que la política fiscal no es un concurso de simpatía internacional. Porque, en este juego, el país que sobrevive no es el que mejor se porta… es el que mejor entiende para qué está jugando.
El autor es abogado y analista jurídico-social.
