El debate sobre la permanencia de Panamá en el Estatuto de Roma y su relación con la Corte Penal Internacional (CPI) va mucho más allá de una discusión jurídica. En realidad, plantea una decisión de política exterior que incide directamente en la seguridad, la credibilidad y el interés nacional del país. La verdadera pregunta no es si Panamá debe escoger entre soberanía o justicia internacional, sino cómo puede fortalecer ambas en un mundo donde los desafíos trascienden las fronteras nacionales.
Es legítimo debatir el funcionamiento de la CPI. Diversos académicos y especialistas han señalado problemas de selectividad, lentitud en los procesos y una excesiva dependencia de la cooperación de los Estados. Estas críticas deben atenderse mediante reformas que hagan a la Corte más eficaz, más universal y más consistente con los principios del debido proceso y la igualdad soberana. Sin embargo, reconocer esas limitaciones no implica renunciar al sistema de justicia penal internacional ni desconocer el valor que representa para la comunidad internacional.
La razón de ser de la CPI es evitar que los responsables de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, en determinadas circunstancias, del crimen de agresión permanezcan en la impunidad. Su existencia responde a una convicción construida tras las tragedias del siglo XX: cuando los Estados no pueden o no quieren investigar los crímenes más graves, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de ofrecer un mecanismo excepcional de justicia. Más allá de las controversias jurídicas, la Corte representa también un reconocimiento de los derechos de las víctimas, de su dignidad y de su legítima aspiración a la verdad, la justicia y la reparación.
Presentar la soberanía y el derecho internacional como conceptos incompatibles desconoce la evolución del orden internacional desde 1945. Hoy, los Estados ejercen su soberanía también mediante los tratados que deciden suscribir libremente. Esa lógica sustenta el funcionamiento de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud y numerosas instituciones internacionales. La cooperación basada en reglas no limita la soberanía; constituye una forma de ejercerla responsablemente en beneficio de la estabilidad y la paz.
En el caso específico de la CPI, el Estatuto de Roma incorpora el principio de complementariedad, una garantía fundamental para los Estados. La Corte solo puede intervenir cuando las autoridades nacionales no investigan seriamente o carecen de la capacidad para hacerlo. En consecuencia, la jurisdicción nacional conserva la prioridad y la responsabilidad principal en la administración de justicia.
Para Panamá, esta discusión tiene una dimensión estratégica. Como país pequeño, abierto al comercio y cuya prosperidad depende de la estabilidad internacional, el fortalecimiento del derecho internacional constituye un interés nacional permanente. La historia panameña demuestra que sus principales logros en el ámbito internacional —incluidos los Tratados Torrijos-Carter, el régimen de neutralidad del Canal y el reconocimiento de su posición logística y marítima— se alcanzaron mediante la diplomacia, el derecho y las instituciones multilaterales, no por la imposición de la fuerza.
En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, un multilateralismo renovado es esencial para preservar un orden internacional basado en reglas, la cooperación y la solución pacífica de controversias. En ese marco, debilitar la Corte sin contar con una alternativa equivalente implicaría reducir significativamente las posibilidades de rendición de cuentas a nivel internacional y afectaría la protección de las víctimas y la vigencia del derecho internacional. La lucha contra la impunidad exige preservar y respaldar a la CPI.
Ello no significa desconocer las limitaciones del sistema multilateral ni la necesidad de reformarlo. Como toda construcción institucional, la CPI debe evolucionar para responder con mayor eficacia, representatividad y legitimidad a los desafíos contemporáneos, desde la crisis climática y la revolución tecnológica hasta la protección de los derechos humanos y la justicia internacional. Eso solo será posible con el apoyo decidido de los Estados, sus gobiernos y una participación activa en la toma de decisiones.
Panamá ha demostrado históricamente su compromiso con el multilateralismo, la solidaridad y la cooperación internacional, promoviendo la asistencia humanitaria, la gestión de los flujos migratorios, los derechos de los pueblos indígenas, la protección de la biodiversidad, la facilitación del comercio y la seguridad marítima como expresión de su vocación por un orden internacional basado en el derecho y la dignidad humana. Para Panamá, fortalecer el multilateralismo y el Estado de derecho internacional es la mejor garantía para la paz, la estabilidad y la seguridad.
El desafío y la discusión sobre la CPI no consisten en elegir entre soberanía y jurisdicción internacional, sino en fortalecer un sistema donde la soberanía vaya de la mano con la responsabilidad, el derecho prevalezca sobre la fuerza y las víctimas no enfrenten la impunidad. Para Panamá, fortalecer y perfeccionar las instituciones multilaterales es coherente con su compromiso histórico con el derecho internacional y con un orden basado en reglas.
El autor es diplomático con 21 años de experiencia y analista de política exterior multilateral.
