Panamá vuelve a ocupar un lugar central en el tablero geopolítico global. No por casualidad, sino por su condición estructural: somos un país pequeño con infraestructuras estratégicas de escala planetaria. El Canal, los puertos, la conectividad logística y los megaproyectos en marcha nos sitúan en el punto donde confluyen intereses económicos, políticos y geoestratégicos de las grandes potencias.
La reciente declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de Panama Ports Company, operador de los puertos de Balboa y Cristóbal, ha reactivado tensiones que ya estaban latentes. La decisión judicial, correcta desde la óptica constitucional y de soberanía, abre un escenario complejo: posibles arbitrajes internacionales, advertencias diplomáticas, mayor escrutinio de las calificadoras de riesgo y una narrativa externa que intenta presentar a Panamá como un país poco confiable para la inversión.
Este episodio no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de una reconfiguración geopolítica más amplia, marcada por un mundo multipolar y sin liderazgo global claro, donde las infraestructuras críticas —canales, puertos, ferrocarriles y gasoductos— han dejado de ser simples activos económicos para convertirse en instrumentos de poder. Panamá enfrenta hoy tres dilemas simultáneos: soberanía versus seguridad jurídica, apertura a la inversión versus control estratégico, y crecimiento económico versus desarrollo territorial equilibrado.
Economistas como Joseph Stiglitz han advertido que cuando el Estado renuncia a su rol regulador en sectores estratégicos, las fallas de mercado terminan pagándose con desigualdad, pérdida fiscal y fragilidad institucional. El caso de Panama Ports Company encaja en ese diagnóstico: contratos mal diseñados, beneficios asimétricos y una renta logística que no se tradujo proporcionalmente en desarrollo territorial ni bienestar social. La lección es clara: Panamá no necesita menos Estado, sino un Estado más competente, transparente y estratégico.
Desde una lectura geopolítica más amplia, Parag Khanna sostiene que el poder del siglo XXI se organiza alrededor de la conectividad. En ese sentido, Panamá no es solo un país, sino un nodo. El Canal, los puertos, el futuro tren Panamá–David, el gasoducto interoceánico, la Línea 3 del Metro, el cuarto puente sobre el Canal y la ampliación de Tocumen conforman una red de infraestructuras que, bien integrada, puede consolidar al país como un hub logístico de nueva generación. Pero, mal gestionada, puede convertirnos en un simple territorio de tránsito: concentrador de riqueza que no se distribuye y de riesgos que no se controlan.
Debemos pensar los proyectos como un sistema, no como obras aisladas. La conectividad física y digital debe ir de la mano con planificación y ordenamiento territorial, cohesión social, servicios públicos y empleo local.
El politólogo Ian Bremmer describe el mundo actual como un escenario “G-Zero”, sin árbitro global. Panamá ya lo está experimentando. Las reacciones internacionales tras el fallo de la Corte Suprema, sumadas a amenazas retóricas sobre el Canal y presiones diplomáticas desde distintas potencias, demuestran que nuestras decisiones internas tienen consecuencias externas inmediatas. Esto no debe conducir al miedo ni a la parálisis, sino a la madurez estratégica: Panamá necesita reglas claras para sus activos estratégicos, transparencia contractual y diversificación de socios internacionales.
Finalmente, el enfoque de Jeffrey Sachs recuerda algo fundamental: infraestructura sin desarrollo humano es una promesa vacía. Los megaproyectos solo tendrán legitimidad social si reducen desigualdades, fortalecen ciudades intermedias, generan empleo digno y respetan el ambiente. Colón, Panamá Oeste y el eje ferroviario hacia el interior del país deben convertirse en territorios de oportunidad, no en zonas de sacrificio.
Paradójicamente, el conflicto con Panama Ports Company puede transformarse en una oportunidad histórica. Panamá puede redefinir las reglas del juego: contratos más transparentes, mayor retorno social y una narrativa clara de país soberano, confiable y moderno. El mensaje hacia afuera debe ser firme: Panamá respeta la inversión, pero respeta aún más su Constitución. Y hacia adentro, el desafío es mayor: convertir nuestra ventaja geográfica en desarrollo real, equitativo y sostenible.
El tablero está en movimiento. Panamá ya no puede limitarse a reaccionar. Es hora de pensar y actuar estratégicamente y asumir plenamente nuestro papel como país interoceánico.
El autor es arquitecto y estudiante de maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible.
