Durante décadas se ha invocado la soberanía como si fuese un escudo absoluto frente a cualquier cuestionamiento externo. Sin embargo, esa interpretación resulta cada vez más insostenible frente a realidades en las que el propio Estado se convierte en el principal agente de destrucción de la vida de sus ciudadanos. La soberanía, entendida correctamente, no es un privilegio del poder, sino una responsabilidad indelegable en el ejercicio del gobierno.
Un Estado existe para proteger la vida, los bienes y la dignidad de las personas bajo su jurisdicción. Cuando la administración pública atenta de forma sistemática contra esos principios —ya sea por represión, empobrecimiento deliberado o destrucción institucional—, el concepto mismo de soberanía entra en crisis. No se trata de una discusión ideológica, sino de una cuestión ética y funcional.
Resulta incoherente hablar de soberanía cuando el ciudadano es el principal perjudicado por su propio gobierno. Si el Estado destruye oportunidades, anula libertades básicas y condena a su población a la precariedad, no puede reclamar soberanía moral, aunque conserve soberanía formal en el plano jurídico. La soberanía no fue concebida para proteger a los gobernantes de su pueblo, sino para organizar el bien común.
Los casos de Venezuela y Cuba ilustran con claridad esta contradicción. En ambos países, millones de personas han sido empujadas a abandonar su tierra no por conflictos externos ni catástrofes naturales, sino por el colapso económico, político e institucional provocado por regímenes que han fallado en cumplir su función esencial. El resultado ha sido una migración masiva que ha fracturado familias, destruido proyectos de vida y generado un sufrimiento humano incalculable.
Aquí conviene afirmar un principio que suele evitarse por incomodidad política: no puede hablarse de soberanía cuando un Estado no es capaz de retener a sus ciudadanos por medios dignos. Retener no por la fuerza, ni por el miedo, ni por la represión, sino porque las personas desean quedarse, trabajar y construir su futuro. Un Estado que solo se sostiene cerrando fronteras o persiguiendo al disidente no ejerce soberanía legítima; ejerce control coercitivo.
El problema no termina en las fronteras nacionales. La migración forzada tiene consecuencias directas sobre los países vecinos y receptores, que deben asumir costos sociales, económicos y humanos significativos. Cuando un régimen expulsa millones de personas y altera el equilibrio de su entorno regional, está afectando a terceros. En ese contexto, invocar la soberanía como excusa resulta no solo insuficiente, sino irresponsable.
De ahí la necesidad de redefinir el concepto con honestidad. La soberanía debe entenderse como la capacidad y la responsabilidad del Estado de gobernar en beneficio de su población, garantizando la vida, la dignidad y el futuro de sus ciudadanos, sin causar daño estructural a otros países. Cuando ese beneficio no existe y el daño es sistemático y prolongado, la soberanía pierde legitimidad, aunque persistan símbolos, discursos o reconocimientos formales.
Aceptar esta realidad conduce a una conclusión inevitable: la comunidad internacional tiene una obligación moral de auxiliar a las poblaciones afectadas. No se trata de justificar intervenciones arbitrarias ni de debilitar el principio de autodeterminación, sino de reconocer que la soberanía no puede utilizarse como escudo para destruir seres humanos. Defender la soberanía en abstracto, ignorando el sufrimiento concreto de millones de personas, equivale a una forma de complicidad pasiva.
La soberanía auténtica entraña responsabilidad y beneficio ciudadano, dentro de las inevitables imperfecciones de toda sociedad. Venezuela y Cuba muestran lo que ocurre cuando ese vínculo se rompe: el Estado sobrevive, pero la nación se vacía. La historia demuestra que ningún Estado puede sostener una ruptura tan profunda entre poder y sociedad. Los regímenes pueden perdurar por la fuerza, pero las naciones solo sobreviven cuando existe un vínculo real entre gobierno y ciudadanía, sostenido por las reglas y, sobre todo, por la libertad. Allí donde ese vínculo se quiebra, la emigración masiva se convierte en una forma de juicio colectivo. No es un acto político, sino una respuesta humana elemental: la búsqueda de dignidad, seguridad y futuro.
El autor es ingeniero electromecánico.
