Al diputado bocatoreño del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, le apodan “El gato”, y el apodo está bien justificado, tomando en cuenta que, al parecer, siempre cae de pie, al resultar electo cuantas veces le ha venido en gana, sin importar la cantidad de acusaciones, denuncias, escándalos y triquiñuelas de todo tipo en que ha estado involucrado, y de las cuales ha salido sin sufrir un solo rasguño.
Es necesario recordar que, además de su rol sempiterno como diputado de la República, Robinson también fue presidente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) durante dos períodos consecutivos, de 2015 a 2023, cargo en el que, para no perder la costumbre, también resultó duramente cuestionado por diferentes motivos, entre los cuales se destaca el posible sobrecosto en la compra irregular de implementos deportivos, incluidos bates de béisbol de $1,000 y hasta $2,000 por unidad, para la comarca Ngäbe Buglé, lo cual, si consideramos que, incluso a la fecha, en la comarca no existen canchas ni estadios adecuados para jugar béisbol, en verdad aquel hecho resultó, por decir lo menos, insólito. Pese a ello, Robinson destinó, por cuenta de la Fedebeis, para este propósito, entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016, la suma de $515,000.00, y nunca se sintió en la obligación de rendir cuentas ni dar mayores explicaciones a nadie sobre el destino final de estos fondos del Estado panameño.
Más recientemente, ha vuelto a salirse con la suya, en esta ocasión al lograr la aprobación, en tercer debate, del proyecto de ley 571, que configura o modifica para mal el marco de protección de los arrecifes coralinos y los ecosistemas marinos asociados. Para ello, Robinson contó con 46 votos a favor por parte del pleno de la Asamblea Nacional. Inexplicablemente, contó además con el aval del Ministerio de Ambiente, al mando de su copartidario Juan Carlos Navarro.
El punto medular de este asunto radica en que, mientras la legislación ambiental vigente (Ley 304 de 2022) prohíbe de forma categórica cualquier tipo de construcción o intervención en arrecifes, pastos marinos y zonas vinculadas a la protección de nuestras costas, el nuevo texto propuesto por el diputado Robinson diluye perniciosamente el carácter restrictivo de la norma que hasta ahora funcionaba como una barrera legal, y por ende propicia el escenario para un espantoso margen de discrecionalidad en favor de intereses económicos de particulares, que podrán realizar, sin cortapisas, edificaciones sobre los pastos marinos, los cuales el diputado Robinson, en su argumentación en el pleno, calificó despectivamente como simples “hierbas de un potrero”.
Robinson sostuvo que la norma vigente ha limitado el desarrollo, especialmente en provincias como Bocas del Toro, donde, según dijo, “la abundancia de pastos marinos impide actualmente nuevas edificaciones”.
Todo indica que el diputado Robinson se “paveó” de las clases de Ciencia, al desconocer de manera aberrante la extraordinaria importancia de los pastos marinos para la salud y supervivencia de los ecosistemas marinos tanto en Bocas del Toro, como en el resto del país y en todo el mundo.
De hecho, es de sobra conocido, tanto por el ministro Navarro como por todos nosotros, que los pastos marinos, más allá de ser una fuente de alimento esencial para la biodiversidad de especies marinas y una guardería crítica para numerosas especies —desde microorganismos hasta larvas de camarones de diversos géneros, estrellas de mar, erizos, pepinos de mar, moluscos y grandes vertebrados marinos—, incluida la icónica tortuga verde (Chelonia mydas) y el manatí del Caribe (Trichechus manatus), dependen directa y especialmente de la conservación de estos pastizales marinos. Además, consolidan el sustrato al anclarse en los sedimentos, estabilizando el fondo marino, previniendo de esta forma la erosión y protegiendo la costa de la pérdida de suelo.
Los pastos marinos, lejos de ser simples potreros ociosos como sugiere el diputado Robinson, son considerados por los expertos en la materia como ecosistemas de importancia crítica, ya que actúan como los pulmones del océano, por su alta e insustituible capacidad para absorber carbono y producir oxígeno mediante el proceso de fotosíntesis. Contribuyen, además, a mejorar la calidad del agua al atrapar sedimentos y absorber nutrientes y contaminantes; sin dejar de mencionar que son fundamentales para el sostenimiento de la pesca local, al albergar especies comerciales y contribuir a asegurar la seguridad alimentaria.
Ante lo dicho y hecho, solo queda esperar que el presidente Mulino, quien tiene la facultad constitucional última para sancionar o vetar esta ley, recurra al buen juicio e independencia de criterio que pregona, y reivindique el sentir mayoritario de los panameños por encima de los intereses económicos de quienes le intentan susurrar al oído, dejándonos ver, de paso, con esta decisión, si en verdad su gobierno está dispuesto a priorizar el desarrollo sin tirar por la borda la conciencia ambiental, como desafortunadamente acaba de hacerlo su ministro de Ambiente, al solidarizarse con este abominable proyecto de ley propuesto por el diputado Robinson.
