La cuestionable decisión de la ministra de educación de retirar la participación de Panamá de las pruebas PISA ha puesto en evidencia la anticuada visión institucional de la educación panameña. A medida que el resto de países del globo apuestan por una evaluación imparcial y acreditada, dirigida a evidenciar las falencias educativas y el margen de mejora correspondiente, la ministra decide echar para atrás los avances hechos en años recientes en materia de evaluación académica y monitoreo institucional.
En sus palabras, el aporte de 2 millones de dólares destinados a la infraestructura técnica de la prueba representa un desperdicio de recursos que bien puede ser utilizado en otros proyectos. Esta afirmación siembra incertidumbre, en vista del traslado de partida presupuestaria por la suma de varios millones de dólares del Ministerio de Educación (Meduca) a Cancillería para que el país hiciese su aporte anual a las Naciones Unidas. En apenas 100 días de gestión, pareciera que sobra el dinero, pero falta la voluntad.
Es digno de condena que la educación panameña lleva años atravesando un agonizante proceso de decadencia a pesar del exponencial crecimiento económico que el país ha venido experimentando durante las últimas dos décadas. La ausencia de una voluntad política real, que vaya más allá de los discursos de campaña, ha posicionado año tras año a Panamá como uno los países peor calificados de las pruebas en cuestión. Por mucho que esto represente un motivo de bochorno nacional, de poco sirve tapar la verdad o querer alejarnos de aquellos instrumentos de medición que nos llaman a dimensionar el alcance de nuestras deficiencias.
Después de todo, la golpeada institucionalidad educativa no es secreto a la ciudadanía panameña; lo vemos en el extremo deterioro en el que se encuentran nuestras escuelas públicas e infraestructura, lo comprobamos en los escándalos de la Universidad Autónoma de Chiriquí y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, y lo vivimos en nuestros propios bolsillos con el sacrificio que hacen miles de familias que matriculan a sus hijos en instituciones privadas con tal de asegurar mejores oportunidades educativas para sus acudidos. La triste realidad de uno de los países más ricos y estables de la región, que no ha sabido invertir en el mayor compromiso de todo estado: equipar a su población de herramientas educativas en un mundo cada vez más competitivo y exigente.
El argumento a favor para retirarnos de la pruebas PISA es que ya sabemos el mal estado en el que se encuentra la educación y que no aporta en nada seguir comprobándolo. La réplica aquí es bastante sencilla: la única razón por la cual contamos con la información para hacer ese diagnóstico es por participar en mediciones como las que nos plantea PISA. Es decir, el resultado de las pruebas es valioso en sí mismo independientemente del resultado pues nos permite conocer nuestra situación en el marco de estándares internacionales. Por un momento pareciera que se nos escapa que si queremos formular políticas públicas eficientes requerimos de una sólida base de datos estadísticos y evidencia cuantitativa.
En el contexto actual, el estado panameño carece del personal técnico requerido para llevar a cabo procesos de evaluación y monitoreo internos de manera satisfactoria, necesitamos de estas mediciones comparativas externas que nos permitan evaluar el punto de partida del gobierno actual en el espacio educativo. Entendamos que las cifras oscuras o inexistentes, solo benefician a aquellos que no están acostumbrados a rendir cuentas. Como dice el refrán popular, lo que no se mide no se entiende, y lo que no se entiende, no se puede mejorar.
El autor es abogado y amigo de Fundación Libertad
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