En un discurso reciente, el presidente de la República, en el contexto de la habilitación de nuevas instalaciones para la Universidad de Panamá, expresó su intención de que todas estas obras públicas se realicen bajo la modalidad de licitación de diseño-construcción, eliminando la posibilidad de que exista un diseño previo definido antes del proceso de selección del constructor de la obra civil. Para ilustrar su punto, añadió el mordaz comentario de que, en manos de un arquitecto diseñador, un proyecto corre el riesgo de ser “bonito”, pero no construible. Con esto, quiso decir que el modelo de contratación pública que imperará en este tipo de obras es, en el mejor de los casos, el de mejor valor por precio y otros criterios, que primarán sobre los criterios de diseño.
Las palabras del presidente sin duda reflejan una concepción errónea y desinformada sobre la disciplina de la arquitectura en Panamá y cualquier parte del mundo. Parece adscribirse a la noción de que los arquitectos están para darle formas estéticas a estructuras que funcionarían igual de bien sin ese aditamento formalista y superfluo.
Si estuviera bien asesorado, el presidente habría comprendido que fue precisamente la arquitectura moderna, desde hace ya un siglo, la que integró a la disciplina herramientas teóricas y prácticas para convertir la profesión en una ciencia con rigor metodológico y preocupación por resolver, de manera racional y eficiente, el programa de necesidades. Así, nació un enfoque metodológico que analiza cada proyecto según sus particularidades, del cual emerge un diseño que, sea cual fuere el caso, siempre tendrá una expresión formal que, lejos de ser superflua, corresponde a la solución propuesta al programa.
Es evidente que, en el complejo entorno de necesidades de infraestructuras de una sociedad, las obras arquitectónicas conllevan la integración de múltiples disciplinas, y justamente en este ámbito de interdisciplinariedad, se requiere la solución de diseño que sintetiza e integra esos esfuerzos de manera secuencial y controlada, rol que en las sociedades modernas, incluyendo Panamá, ha sido asignado por ley a los arquitectos.
Hoy en día, los programas arquitectónicos suelen ser bastante complejos, pues no solo incluyen problemas de estructura y componentes electromecánicos (trabajados en estrecha colaboración con los ingenieros), sino también toda una serie de problemas ligados a las relaciones entre los espacios y su dimensión humana, y a la preocupación por la experiencia vivida por los ocupantes y usuarios de las edificaciones, lo que implica criterios de funcionalidad, confort, eficiencia, seguridad, sostenibilidad, entre otros.
Un diseño que no provea, por ejemplo, las dimensiones óptimas de los espacios, resuelva mal las circulaciones, especifique materiales de baja calidad o no oriente el edificio adecuadamente respecto al sol, tendrá efectos muy negativos sobre la experiencia de los usuarios, más allá de si es “bonito” o no. Y dado que los edificios se hacen para las personas, el diseño arquitectónico tiene primacía como la síntesis de la solución a todos los demás problemas prácticos de la edificación.
No hace falta decir que no todos los diseños son buenos y, sobre todo en la gestión pública, algunos pueden ser muy malos, aun cuando sean construibles, por lo que se requiere establecer controles sobre la calidad del diseño, su proceso de elaboración, las especificaciones técnicas, los requisitos de aseguramiento de la calidad en el proceso constructivo, además de las competencias de los profesionales involucrados, antes de invertir fondos en la construcción de las obras. Para muchos de estos procesos, la mejor práctica implica el control y verificación independientes, ya que aumenta el riesgo de fallas cuando se es juez y parte al mismo tiempo.
¿Qué sucede entonces en las obras con licitación bajo la modalidad diseño-construcción? Que el ganador es seleccionado antes de haberse ejercido algún control sobre la calidad y el proceso de diseño, y sobre la capacidad de los diseñadores para integrar las diferentes disciplinas que intervienen. El constructor-diseñador se convierte en juez y parte, y se pierde la oportunidad de que quien represente los intereses del usuario final escoja la solución óptima, pues han primado otros criterios. En buen panameño, se ha puesto la carreta delante de los bueyes.
Puede preverse, como lo confirma la experiencia, que ya avanzado el proyecto, empiezan a descubrirse fallas conceptuales o técnicas. Comienzan los parches al proyecto mal concebido desde el principio: llueven las adendas, sobrecostos y extensiones de tiempo. Cuando se termina la obra, comienza la operación y mantenimiento de instalaciones y sistemas no pensados en función del usuario y las mejores prácticas, instalaciones a veces ineficientes y con cargas presupuestarias y operativas altas. Es muy cuestionable decir que este es un sistema práctico para concebir y ejecutar obras públicas.
Tal vez lo sea para obras de infraestructura como carreteras, puentes y similares, cuyo programa de necesidades es más complejo en lo técnico-constructivo que en la calidad de la experiencia del usuario, pero incluso sobre esas obras cae la sombra de la duda. Correr a hacer, sin pensar primero, nunca ha sido una buena idea.
El autor es arquitecto, M.P.M., LEED Green Associate.