Se hace necesaria una ley de identidad de género en Panamá como parte del compromiso de adquirido soberanamente por el Estado de respetar los derechos humanos y, siendo el derecho a la autonomía de género un pilar de estos, es recomendable una adecuación del marco legal del país que proteja este bien jurídico de la mejor forma.
Una ley de identidad de género tiene como objetivo que las personas trans puedan cambiar legalmente su identidad de género a uno de su elección, de forma legítima y gratuita, sin la necesidad de intervenciones quirúrgicas, farmacológicas, testigos o tratamiento modificatorio de apariencia.
En el informe Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, de 2020, la Organización de Estados Americanos declaró que “la ley del Registro Civil panameño no contempla un procedimiento específico para el reconocimiento de la identidad de género de las personas con identidades de género no normativas”. Y es que, este tipo de leyes ya están presentes en varios países, porque surgen como una necesidad histórica de reparación que consolida y garantiza el uso, goce y disfrute pleno de derechos humanos a un importante sector de nuestra sociedad. La falta de reconocimiento legal a este sector de la población es una práctica cruel, que invisibiliza y niega el derecho a la propia autonomía identitaria, a la expresión de género y a la salud integral, pues tanto física como mentalmente pueden ser desprotegidos por el Estado.
Mantener esta omisión legislativa es un hecho que se constituye teóricamente como el punto de origen de un continuum de violencia que lleva a estas personas a exclusión social y cultural. Por ello, la implementación de este tipo de leyes avanzadas en nuestro país supone un paso más para el reconocimiento de los Derechos Humanos y un paso más para las obligaciones del Estado para erradicar las prácticas discriminatorias. Sería, legalmente, el inicio formal de un futuro mejor para las personas trans de esta y futuras generaciones en Panamá.
La autora es abogada.
