Entiendo que algunos lectores de mis artículos piensen que, por más razón que tenga al informar sobre la hipocresía de los europeos al tildarnos de paraíso fiscal o de lavadores, no haya nada que hacer. Que así es el mundo. Realpolitik le llaman. Que Panamá debe resignarse a ser un servil de la burocracia de la Unión Europea (UE) porque somos pequeños, débiles y mojigatos. Esta posición es inaceptable.
Es imprescindible entender que, más allá de la superioridad moral que se atribuyen hipócritamente algunos de los miembros de la UE y sus organismos acólitos, existen normas jurídicas que rigen las relaciones diplomáticas, jurídicas y comerciales entre los Estados. Estas normas las reúne el Derecho Internacional Público (DIP). El DIP se puede definir como un conjunto de normas y principios jurídicos creados con el objetivo principal de regular las relaciones externas entre los Estados. Esta rama del derecho nace, según la mayoría de los expertos, con la Paz de Westfalia (1648), que dio lugar al primer congreso diplomático moderno y a la aceptación del principio de soberanía territorial, al principio de no injerencia en asuntos internos y al principio de la igualdad entre los Estados independientemente de su tamaño o fuerza.
La profesora Eulalia de Gabriel escribe en el libro Soberanía del Estado y derecho internacional (Sevilla, 2005) que “El derecho [internacional público] es obligatorio porque cada uno de los miembros de la sociedad internacional tiene necesidad y, por tanto, interés, en encontrar una pauta de comportamiento esperable y exigible de los demás. Ahora bien, si la norma es exigible a los demás, debe ser de aplicación a uno mismo o el sistema de regulación de las relaciones no se sostendría: la reciprocidad es así el presupuesto inicial de todo el sistema, puesto que traduce la garantía de seguridad imprescindible para que cualquier sujeto acepte un sistema regulador no dependiente de su exclusiva voluntad”. Más claro que esto, ¡solo el agua de la tinaja!
Nadie puede negar la importancia y aplicación de la Convención de Ginebra en las relaciones internacionales. Tampoco la importancia de la ONU o de la OEA en dirimir conflictos entre países. Sin embargo, estamos cediendo la jurisdicción de estos organismos e instancias legítimas -basadas en la buena fe y en la reciprocidad de las naciones- a organismos creados por los países más ricos que solo buscan favorecer los intereses de sus miembros.
El nuevo orden jurídico internacional lo están imponiendo burócratas inútiles de países desarrollados bajo la bandera del estado de bienestar europeo cuando lo que buscan, verdaderamente, es no perder sus jugosos sueldos (exentos de impuestos por supuesto), su estatus diplomático y sus consultorías millonarias. Muchas de esas organizaciones multilaterales trabajan así, con una camarilla de consultores y de empresarios fracasados que buscan cabezas de turco para defender el statu quo y su modus vivendi.
Los burócratas europeos entienden perfectamente la existencia del DIP y su uso cuando les es conveniente. Esto quedó demostrado cuando, recientemente, Bruselas (sede de la UE) amenazó a Estados Unidos con presentar una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) si este reactiva las sanciones a empresas europeas que hacen negocios en Cuba con propiedades expropiadas a norteamericanos por la Revolución cubana (la ley Helms Burton). Dice el diario español El País de 17 de abril de este año: “Bruselas advierte a Washington, en una carta dirigida al Secretario de Estado a la que ha tenido acceso El País, que activará todas las represalias posibles, incluida la posibilidad de que las empresas estadounidenses también sean confiscadas en suelo europeo para compensar los perjuicios que sufran las empresas europeas en Cuba”. ¿Empresas gringas serán confiscadas en suelo europeo? Qué buen chiste.
Reporta el diario antes mencionado que en una carta remitida al gobierno de Donald Trump por Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de Política Exterior de la UE, y por Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio, se detallan los procedimientos que puede activar la UE para permitir que las empresas europeas recuperen cualquier daño económico que les causen las sanciones de Washington o las indemnizaciones a antiguos propietarios estadounidenses de bienes cubanos. No dudo que Trump quedó temblando.
Me pregunto, ¿por qué los burócratas europeos sí pueden utilizar el DIP para defenderse de medidas unilaterales que afectarán a sus empresas y a sus economías, y Panamá no? En mi humilde opinión, lo que deberíamos hacer es formar alianzas con países que tengan similares intereses económicos, regionales y culturales -como los de Caricom- para exigir en bloque que se aplique el DIP y se respete nuestra soberanía. Esto lo debemos hacer ante los foros adecuados: la OMC, la ONU, los Tribunales de La Haya y la OEA, entre otros, y no en Bruselas (UE) o en París (OCDE/GAFI).
El autor es abogado