¿Qué es aquello que se requiere para que se haga justicia? ¿De qué depende que quienes se encargan de garantizar el cumplimiento de la ley, lo hagan de una manera justa e íntegra? ¿Es acaso el color de la piel, el estatus económico, el tener un buen apellido o un puesto político lo que va a definir el resultado y trato a dar a quien esté involucrado en una acción criminal?
Muchos de los casos suscitados en nuestro país me hacen cuestionar constantemente esta situación; y me pregunto si quienes están encargados de desempeñar este rol, están conscientes del papel que le corresponde y de lo importante que es reflejarle a la ciudadanía, el alto grado de objetividad e imparcialidad con el que se espera se manejen todos los casos, a fin de que se perciba que realmente se busca garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de las víctimas ante cualquier vulneración.
El reciente caso del diputado Mario Lázarus no solo deja en evidencia, sino que refuerza la idea generalizada en la sociedad panameña de que vivimos a la sombra de las injusticias, en donde magistrados, fiscales y jueces parecen dar un manejo distinto de acuerdo a ciertas categorías. El valor de los seres humanos se mide ante la ley, en función de la posición económica y social.
Este caso no es distinto al de la ciclista Mónica Licona, en donde todo el engranaje gubernamental desde el presidente de la República hasta el director de la Policía, Omar Pinzón, usaron sus influencias para dar con el responsable del hecho. En el caso de la niña de Colón, ha tenido que pasar más de un mes para que la Corte Suprema de Justicia imputara cargos. Nunca se emitió orden de conducción, ¡ni nada!, conociendo perfectamente todos los datos del involucrado. Ha sido la presión mediática la que al parecer ha llevado a la Corte a tomar acción.
El pasado lunes 26 de febrero tuvo lugar la audiencia por este hecho; y es inaceptable que la fiscal, magistrada Ángela Russo, haya solicitado como medidas cautelares país por cárcel y notificación ante los tribunales cada 15 días, por un delito de homicidio culposo agravado, cuando en el caso de la joven Licona, al imputado se le mantenía encadenado y con grilletes, pero el señor Lázarus sigue campante por las calles de nuestro Colón, como si fuese el más ejemplar de nuestros conciudadanos.
Esperaremos a ver los resultados definitivos de las audiencias y sabremos más adelante si nuestros magistrados y jueces, garantes del bienestar común, actúan con probidad o si por el contrario deciden mantenernos a la vil sombra de las injusticias.
El autor es periodista