El enfoque gubernamental hacia el impuesto de inmueble con el proyecto de ley No. 509 ha sido única y exclusivamente saciar en algo el apetito voraz que ha despertado en los alcaldes, en especial el de la capital, y en los representantes de corregimiento, el valor catastral de nuestras propiedades, so pretexto de financiar la descentralización. Como si en un presupuesto nacional de $23,500 millones no hubiera forma de conseguir los $180 millones, o incluso más, que se necesitan para tan loable desprendimiento. Solo sumen lo que recientemente ha despilfarrado la actual Asamblea Nacional en contratos brujos, donaciones ficticias y los más de $400 millones en la pasada campaña electoral, y se darán cuenta de lo fácil que se financiaría la descentralización, incluso eliminando el bendito impuesto, que en verdad no lo es sino una tasa, pero ese es otro tema.
No es nada pecaminoso que el gobierno central busque fortalecer las arcas municipales por medio de la descentralización, lo malo es que, en vez de recurrir al ahorro y la eficiencia, la quiera financiar con la propiedad privada de los ciudadanos, sobre todo de la clase media profesional, ya de por sí saturada de impuestos, sin recibir nada a cambio ante el deterioro caótico de los servicios públicos que se viene dando en los últimos años. Y esto no solo viola nuestra Constitución, sino los principios y valores políticos fundamentales bajo los cuales el Istmo de Panamá se independizó de España en 1821 y luego de Colombia en 1903, y que se han mantenido a lo largo de nuestra historia constitucional.
Entre estos principios de elemental importancia está el que los panameños y extranjeros residentes no somos súbditos del Estado, sino ciudadanos, y por lo tanto el interés de aquel de recaudar impuestos no puede prevalecer ni imponerse sobre el derecho a la propiedad, presunción de inocencia y privacidad de los ciudadanos, ni mucho menos sobrepasar su capacidad de pago, pues de lo contrario se convierte en confiscación.
En una república democrática como dice nuestra Constitución, los impuestos son contribuciones voluntarias que los ciudadanos han acordado aportar para poder vivir civilizadamente en comunidad, y estos se deben manejar a base de estrictos parámetros de austeridad, eficiencia, prioridad y rendición de cuentas. Bajo ningún concepto los impuestos deben verse como un derecho del Estado, ni mucho menos el patrimonio discrecional del político de turno. Esto es muy importante tenerlo claro.
Esta visión es muy distinta a la de los países europeos de la OCDE; he ahí la razón principal por la cual nos acusan de paraíso fiscal. Allá, sus pueblos de origen tribal aceptan como premisa casi mística o divina a un Estado centralista, paternalista, interventor, autoritario, con burocracias gordas e ineficientes y financiadas con altísimos impuestos. Allá el interés que siempre prevalece es el del Estado, cualquiera que este sea, por encima de las libertades individuales. Esto ha sido así desde la época del imperio romano, el Vaticano de la Edad Media, sus monarquías absolutas, y los gobiernos fascistas y comunistas del siglo XX, incluyendo las actuales democracias parlamentarias. Hasta Francia, que es una república, es el infierno fiscal más voraz y la economía más intervenida de Europa, razón por la cual lleva años con un crecimiento casi nulo. Parece un chiste de mal gusto que sea la quebrada Francia la que lidere la campaña de desprestigio hacia Panamá, cuando nuestra economía tiene grado de inversión y viene creciendo sostenidamente desde 2003. Consecuencias del complejo de país bananero, diría yo.
Panamá, por el contrario, se cimentó bajo los principios republicanos que inspiraron la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América, fuente de inspiración de los libertadores de Hispanoamérica, quienes abrieron trocha para que nuestros antepasados que llegaron al istmo desde los tiempos de la colonia y desde todos los continentes, pudieran escapar de un intervencionismo y persecución estatal atroz, y poder así desarrollarse personal, económica y espiritualmente en búsqueda de su plena libertad y felicidad.
El proyecto de ley No. 43, aprobado en primer y segundo debate con el 100% de los votos, y que establece una tasa única de impuesto de inmueble para todo el mundo de 0.25%, suspendido por órdenes del alcalde de la capital, fue redactado respetando el concepto de la relación Estado-ciudadano, con principios que garantizan la protección y la salvaguarda de los derechos de los contribuyentes sobre todas sus propiedades. Por el contrario, el proyecto de ley No. 509 nos impone el concepto estatista europeo de Estado-súbdito, donde se prioriza el interés recaudatorio del Estado sobre las libertades ciudadanas. Le toca a usted, amigo lector, decidir cómo desea que lo traten.
El autor es abogado