El 27 de abril, la Asamblea Nacional rechazó un proyecto de ley de extinción de dominio y, de paso, decidió que ya no habría más sesiones hasta el próximo período, que debe iniciarse el 1 de julio.
Así se violó grave y palmariamente la Constitución de la República, cuyo último inciso del artículo 149 dice sobre los períodos de sesiones de la Asamblea: “Artículo 149: Dichas legislaturas se extenderán desde el primero de julio hasta el treinta y uno de octubre, y desde el dos de enero hasta el treinta de abril”. No dice hasta el 27 de abril.
En otras palabras, el presidente de la Asamblea cerró las sesiones relativas al proyecto de ley de extinción de dominio tres días antes de lo ordenado por la Constitución, plazo dentro del cual hubieran podido darse más debates y conciliarla con los intereses de una sociedad en la que campea la corrupción de la que varios influyentes diputados son parte, según todos sospechamos, pero que jamás se acreditará por el trastocamiento de valores calculadamente camuflados en la Constitución para que así sean las cosas, por obra y gracia de ellos mismos.
En este mismo período se hubiera podido debatir el proyecto de ley sobre salud pública, de interés para el pueblo. Así, por llevarse en su embestida el proyecto de ley que a ellos podía afectar, de paso dejaron por fuera uno importante para la salud del pueblo.
Al día siguiente vimos sorprendidos al ministro de Seguridad, acompañado de jefes de importantes estamentos de la Policía Nacional, dar declaraciones públicas lamentando el rechazo del proyecto de ley apoyado por la embajadora.
Y así, también los miembros de la Fuerza Pública que en tal anuncio participaron, son ahora infractores de la Constitución Nacional, cuyo artículo 311 dice que “Los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva”. El artículo continúa y dice: “El desacato a la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo, además de las sanciones que establezca la ley”.
Está claro a estas alturas que el gobierno no tiene los arrestos para aplicar la norma, creyéndose fuerte en el poder que con una pobre mayoría obtuvo en las últimas elecciones, además de que se trata de que la Fuerza Pública no hace sino ajustarse a las indicaciones de la representante del coloso que, sin proponérselo, ha dado pie a que los diputados que rechazaron la propuesta, acudan a pretendidos argumentos nacionalistas soterrados, para su decisión.
Ningún jurista que se respete dirá que dos normas tan claras de la Constitución no han sido violadas.
Estos hechos no son sino un síntoma evidente de la terrible descomposición que corroe nuestras instituciones, con la complicidad de muchas autoridades llamadas a velar por el mantenimiento de la institucionalidad y de agentes diplomáticos foráneos que algunos miran con una influencia superior a los cánones aceptables del cargo, que con su injerencia generan mayor rechazo.
De estos hechos concluyo que el grado de penetración que la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción, el sicariato, la colusión, el peculado y otras formas de delinquir ha conseguido alcanzar en Panamá, impone decisiones y medidas urgentes.
Un Legislativo en el que prevalecen los votos de diputados evasivos, hipócritas y poderosos, al grado de ostentar los máximos cargos de los partidos que representan, y una Fuerza Pública con oficiales de máxima importancia capaces de también violar flagrantemente la Constitución, a la par de un gobierno incapaz de exigir el cumplimiento de las normas, son todos una vergüenza.
Por allá por 1993, bastó que el entonces jefe de la Policía Nacional asistiera en calidad de curioso a un congreso nacional que celebraba el Partido Panameñista en Boquete, para que el presidente requiriera su renuncia inmediata.
Los tiempos han cambiado y es hora de que volvamos a reclamar y darnos el respeto que una sociedad con autoestima merece, para poder evolucionar positivamente a un estadio de nación de primer mundo, para lo que no nos faltan cualidades y ventajas que serán imposibles de materializar, si no las acompañamos de valores institucionales y morales, como señalaba el Libertador Simón Bolívar, hace dos siglos.
Hay que hacer ajustes en el personal del Estado y en las normas que sirven de estribo a la mediocridad de quienes acceden a las altas responsabilidades en la administración pública.
Además, necesitamos un presidente que tenga el coraje de hacer lo que a él mismo benefició cuando iniciaba su carrera política para llegar a legislador de la Asamblea Nacional, pero ahora le falta. Él sabe muy bien de qué hablo.
El autor fue magistrado del Tribunal Electoral
