La sustancia económica es un principio promovido por la OCDE desde finales de la década de 1990, por lo que no es un concepto ni una idea nueva. Por el contrario, tiene como objetivo combatir la evasión fiscal, exigiendo que las empresas multinacionales demuestren actividad real en el país donde tributan, prevaleciendo la esencia económica sobre la forma jurídica. Esto busca generar un efecto positivo en la economía, lo que implica tener presencia física, personal calificado y gastos operativos adecuados.
La discusión en los próximos días debe verse como un tema país, en búsqueda de mejorar la reputación internacional y atraer inversión extranjera, lo cual puede elevar los niveles de ingresos y empleo en Panamá. Esto llega en un buen momento, en medio de una tasa de crecimiento cercana al 4% anual, que evidencia capacidad de mejora, aumento de productividad y mayor aporte de sectores mediante la diversificación económica.
Desde la perspectiva de la evasión fiscal, el proyecto de ley de sustancia económica es positivo porque permite una mejor recaudación tributaria, lo cual ayuda al país en términos de ingresos y se traduce en mayores recursos para que el Estado invierta de manera adecuada.
Existe una tendencia internacional dirigida a mejorar las capacidades y beneficios que las empresas y multinacionales pueden dejar en los territorios donde operan. También ayuda a que países como Panamá tengan la oportunidad de salir de la lista gris de la Unión Europea y avanzar en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Se promueve inversión real, con menos empresas de papel o fantasmas que no tienen presencia física en las economías donde operan. Para Panamá, esto representa un componente importante porque puede impulsar encadenamientos productivos y fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad tributaria.
En este punto, las empresas tienen la obligación de presentar reportes de rentas a través de la declaración jurada del impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal respectivo.
Gran parte de los ingresos del país proviene de los tributos, por lo que este marco regulatorio también permite fortalecer el sistema tributario.
Panamá mejoraría sus niveles de competitividad en la región, donde actualmente ocupa el séptimo puesto, según el Foro Económico Mundial (FEM) en su última medición. Del mismo modo, podría mejorar sus niveles de transparencia, aspecto importante para fortalecer una reputación económica positiva que atraiga capitales y facilite la expansión de negocios en el país.
En palabras sencillas, cuando una empresa o multinacional establece sustancia real, no solamente paga impuestos o alquileres. También requiere contratar abogados, economistas, ingenieros, contadores, especialistas tecnológicos, personal administrativo y servicios locales, que en muchas ocasiones son manejados por pequeñas y medianas empresas. Se genera demanda de espacios, oficinas, vivienda, transporte, restaurantes, telecomunicaciones y educación. Es decir, la sustancia económica puede convertirse en un multiplicador de actividad que permanece en el territorio, especialmente en un momento en que Panamá lo necesita.
Además, existe un componente reputacional que Panamá puede aprovechar para seguir posicionándose en el entorno económico global. En un mundo donde la transparencia financiera gana valor, mantenerse alineado con estándares internacionales —como en materia tributaria— reduce riesgos reputacionales y fortalece la confianza, enviando señales correctas a inversionistas y mercados.
La estabilidad y la seguridad jurídica serán cada vez más determinantes para competir por capital internacional. Sin embargo, el país debe evitar caer en un error común: convertir el cumplimiento en exceso de burocracia o más trámites. Si las regulaciones se vuelven innumerables, lentas, confusas o costosas —generando fricción financiera—, las empresas simplemente migrarán hacia otras jurisdicciones más eficientes. Recordemos que el mundo compite por inversión, institucionalidad y entornos seguros y confiables.
La experiencia de otros países ofrece lecciones importantes. Uruguay, por ejemplo, fortaleció sus estándares regulatorios promoviendo zonas francas con operaciones reales. Estas representan cerca del 6% de su PIB, generan más de 21 mil empleos directos y concentran aproximadamente el 35% de las exportaciones del país. Uruguay entendió que la reputación y la estabilidad institucional podían convertirse en ventajas económicas frente a otros países de la región.
Costa Rica siguió un camino complementario: atraer empresas multinacionales de tecnología, manufactura avanzada y servicios corporativos mediante talento humano, educación y encadenamientos productivos. El resultado ha sido una economía más integrada a cadenas globales de valor y con empleo técnico especializado.
El autor es economista.
