PENA. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, retiró el proyecto que penaliza el uso de máscaras y capuchas en las manifestaciones porque se le olvidó anotar el artículo indicativo. Es decir, en la redacción del documento no se incluyeron aquellas disposiciones que se van a reformar o eliminar. En el Mingob hay 26 asesores y 64 abogados y asistentes de abogado, pero ni uno pudo revisar el proyecto antes de enviarlo a la Asamblea.
CASTIGO. Por cierto, aquella propuesta busca imponer penas de dos a seis años de prisión a los encapuchados que, en medio de una protesta, atenten contra la vida, la integridad o el patrimonio de los demás. Seis años de cárcel es más de lo que ha cumplido Martinelli como parte de su condena por blanqueo de capitales.
PATADA. El canciller Martínez Acha se disculpó por la deportación del exministro brasileño Franklin Martins, quien fue retenido el pasado viernes en Tocumen durante una escala. El canciller culpó a la “aplicación automática de procedimientos de inmigración con base en informaciones de los sistemas automatizados de alerta”. Martins fue ministro de Comunicación entre 2007 y 2010, durante el segundo mandato de Lula. La pregunta es si alguna vez tuvo algún tipo de alerta o requerimiento, pero ahora se encuentra entre los beneficiados por la amnesia judicial acaecida en Brasil a partir del retorno de Lula y de la que algunos tratan de beneficiarse incluso en Panamá.
OLÉ. La Asamblea insiste en aprobar el proyecto que objetó el Ejecutivo, que crea el patronato del Festival del Toro Guapo en Antón. Les encanta perder el tiempo con iniciativas de dudosa relevancia. El estadio Mariano Bula no lo han inaugurado y ya están inventando una ley para crearle un patronato.
