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Tal Cual

PUPILO. Dicen por los pasillos de la CSS que el jefe de seguridad de la institución y que, según medios digitales es cuñado de Cholo Chorrillo, llegó recomendado por un antiguo compañero de armas de la Policía que trabajó para el innombrable. De apellido Miranda, pero ahora, derramada la leche con el fentanilo, quieren esconder –como dice Camacho– esa recomendación chimba. Esa es la seguridad que ofrece este jefe de seguridad y su partner, el laureado director de la Caja.

JERINGONZA. Hablando del fentanilo, un observador muy fisgón se pregunta cuánto fentanilo utiliza la CSS al año. Para ello habría que averiguar el consumo histórico. El laureado director de la Caja podría decirnos, tan pronto lea esta columna, cuántas dosis compra la institución desde hace, al menos, cinco años, pero en la CSS se sabe tanto de transparencia como nosotros sabemos sobre el esternocleidomastoideo.

CANTAMAÑANAS. Ayer, Yanibel Ábrego convocó a una conferencia de prensa (en un salón de la Asamblea Nacional) para proclamar a Derick Echeverría como nuevo secretario de la Juventud de CD. Bueno, ella dijo que ganaría “a las buenas o a las malas”. Se nota que ya aprendió las tácticas del amo. Solo le faltó decir que tenía un dossier de cada uno de los miembros de la junta de escrutinio.

BRAZO TORCIDO. Aquí varias veces hemos advertido sobre el uso de recursos del Estado para fines proselitistas. Pero parece que ahora también son usados como medida de retorsión. Según el diputado Crispiano Adames, rival de Gaby Carrizo en las primarias del PRD, el Ejecutivo no ha depositado el presupuesto asignado a la Asamblea para el año 2023. “No hay presupuesto porque el gobierno no ha querido darlo para manipular electoralmente la propuesta que ellos consideran que no debería estar y favorecer a la propuesta que ellos consideran que debería estar”, indicó. ¿Ya presentó una denuncia por eso? No estamos hablando de un retraso de 10 días, sino de tres meses. Si la Asamblea no tiene presupuesto, así también debe estar el pago a los proveedores y a los funcionarios que legítimamente prestan un servicio.


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