CASTIGO. El director de la CSS, Dino Mon, anunció en la Asamblea que la anterior administración utilizó fondos de otros programas para financiar las pensiones del IVM. ¿Cuándo presentará la denuncia criminal correspondiente? ¿Ya comenzó la investigación de este ilícito o se convertirá en otro caso en el que no pasa nada?
FUERA. El loco debería estar buscando una maleta para empacar la hamaca y alistarse para que le den el salvoconducto, luego de que el presidente José Raúl Mulino se reuniera con la nueva embajadora de Nicaragua. Pero ahora resulta que eso ya no está en sus planes. Según su vocero Camacho, ahora quiere quedarse en Panamá. Que esta gente cambie de discurso no es nada nuevo. Hace un año, cuando el gobierno de Cortizo le negó el salvoconducto, Camacho imploró para que la Cancillería “recapacitara” y expidiera el permiso de salida. Después de todo, al “loco” le debe tener sin cuidado la reunión con la embajadora. Si se burla de su condena judicial y de la convención de asilo diplomático, ¿por qué habría de hacer caso a lo que diga Mulino?
RED. La ministra Lucy Molinar dijo que tiene “bastante tiempo” trabajando con el director de la AIG. Entonces, ¿por qué sus recomendaciones no fueron incluidas desde un principio en el pliego de cargos de la licitación de $59.3 millones para el internet en las escuelas? Tampoco hizo caso a dos importantes observaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre la modalidad de la licitación y los requisitos exigidos a los proponentes. ¿Cuál es la insistencia en no acatar las recomendaciones de los especialistas y técnicos? Después se molesta cuando alguien piensa mal.
IRONÍA. Uno de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) pretendía pactar un contrato (dicen que por casi $100,000) para retransmitir la programación del canal digital China TV. Ganas de alborotar a Trump... Además, ¿por qué alguien querría aliar al TE con una televisora de un país que no celebra procesos electorales ni promueve los valores democráticos? El mundo al revés.
BOFETÓN. Esta semana, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia negó un recurso presentado por Panama Ports Company (PPC) en contra de la admisión de la demanda que Roberto Ruiz Díaz presentó contra las dos resoluciones de la AMP que prorrogaron automáticamente la concesión de los puertos Balboa y Cristóbal. La impugnación fue presentada en 2023, pero la Corte tardó año y medio en resolverla. Y hace año y medio, Trump no era presidente. PPC debió haberse quedado callada y no hacer nada: así tal vez la demanda ya habría sido resuelta y quién sabe si a la portuaria hasta le habría ido bien. No como ahora, que están bajo la lupa de medio mundo, no solo de Panamá.
