FUIMOS. La aprobación, en segundo debate, de las reformas a la CSS ha evidenciado una división en Vamos. Siete diputados (Alexandra Brenes, Walkiria Chandler, Luis Duke, Yamirelys Chong, Lenin Ulate, Eduardo Gaitán y la jefa de la bancada, Janine Prado) votaron en contra de todas las propuestas sometidas ayer, incluso aquellas que promueven la transparencia y combaten el clientelismo. Por ejemplo, no apoyaron modificaciones para evitar el conflicto de interés en los miembros de la junta directiva o reducir la abultada planilla de la entidad (que tiene 34,000 funcionarios, mucho más que el Canal, con 15,000). El resto votó a favor. ¿#UnaNuevaAsamblea, pero con lo peor de la vieja?
RING-RING. El contralor Anel Bolo Flores prohibió el uso de teléfonos celulares personales en horas laborales, luego de que unos “estudios” revelaran que los funcionarios de la Contraloría dedicaban “más o menos” tres horas diarias a atender temas “privados” en sus aparatos. Además, la planilla de esa entidad se ha recortado en un 9%, calculó Flores en Telemetro Reporta. Si la Contraloría sigue funcionando igual sin ese 9%, alguien debería pagar la cuenta de ese excedente.
REPROCHE. Por cierto, Flores, que alguna vez fue precandidato presidencial del PRD, reniega ahora de ese partido político (al que formalmente renunció hace casi 14 años). Dice que le resulta “hilarante” que algunos de sus excopartidarios adopten un discurso “en pro de la patria”, cuando por años derrocharon y endeudaron al país, y ni se acordaban de buscar soluciones a la crisis de la CSS. No hay peor cuña que la del propio palo…
TANQUE. Los insultos de Raphael Buchanan podrían ser un ataque de celos. Resulta que el que ha estado rondando la Alcaldía de Panamá es él, no José Pérez Barboni: Buchanan fue “coordinador administrativo” durante dos de los cinco años del mandato del alcalde José Luis Fábrega, con un salario de $1,500 mensuales (en el año 2021) y $2,000 (en el 2022). No tardarán en salir otras bellezas.
FALTANTE. La Contraloría General de la República, mediante auditoría, calculó en $12.3 millones el perjuicio al Estado derivado de la compra irregular de granos con fondos del PAN. Pero Mario Martinelli, que se declaró culpable del delito de peculado doloso, deberá devolver $2.3 millones. ¿Qué pasó con el resto?
