VERSALLES. La reina de los equilibrios contractuales tiene un clóset digno de un palacio. A través de un video en redes sociales, se puede apreciar que guarda allí una colección de “clásicos atemporales y piezas exclusivas” de zapatos y carteras de marcas de lujo como Dior, Prada, YSL, Valentino… Una voz recita que todo eso representa “años de esfuerzo y dedicación al trabajo”. No estaría de más realizar una inspección ocular al clóset y exigir las facturas y comprobantes que acrediten quién pagó todo eso y cómo.
RELAJO. En la Asamblea, no existe un mecanismo interno que indique cómo se le paga a los suplentes habilitados. ¿Acaso el diputado principal descuenta de su salario mensual para pagar a quien lo suple en el pleno? ¿O es la administración del Legislativo la que se encarga de repartir proporcionalmente ese salario entre los dos, según los días en que cada uno ocupó la curul? Otro enigma más, cortesía de la planilla legislativa.
ALTO. Por cierto, el Ejecutivo trabaja en una propuesta para modificar la Ley de Contrataciones Públicas. Los equilibrios contractuales serán eliminados de la norma. Se acabó el fiesto.
TRIP ADVISOR. Parece que a Cobre Panamá le es indiferente lo que diga el Mici, porque ayer seguía operando el sitio cobrepanama.com/visitalamina, habilitado para todo aquel que quiera reservar un cupo para recorrer “una de las minas de cobre más modernas de América Latina”. Los interesados pueden escoger entre seis tours diferentes. Incluso hay uno a Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, que requiere que los visitantes duerman el día antes en Penonomé. Todo esto aparentemente sin costo alguno para los excursionistas. Las giras son promovidas con frases sugerentes como “descubre cómo se hace minería de manera responsable en Panamá”. ¿Cómo van a hacer estas demostraciones si, supuestamente, todo está paralizado? Si la mina está “cerrada”, ¿Cobre Panamá la abre cada vez que le da la gana, para meter gente?
CHEN-CHEN. Los diputados José Pérez Barboni y Roberto Zúñiga presentaron una modificación a un proyecto de ley que cambia la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo y que pretendía equiparar el salario del defensor con el de un magistrado. Actualmente, el defensor recibe $7,000 y los magistrados, $10,000 (pronto serán $14,000). En un momento de lucidez, la propuesta de Pérez Barboni y Zúñiga fue respaldada por Camacho. Para que vean que, si no lo hace más a menudo, no es porque no sepa hacerlo.
