INSULTO. Como era de esperarse, y lejos del objetivo de independencia judicial por el que dicen luchar, los magistrados eligieron a Alberto Cigarruista, el ungido del Ejecutivo, como magistrado del Tribunal de Cuentas. Sí, el mismo que fue nombrado en la Corte cuando el caso Cemis y cuya reelección –según él confesó- estaba casi cuadrada con Martinelli (con quien se reunió“muchas veces”) pero se le dañó por no haber ordenado la salida de Bosco de la Alcaldía. Ajá. El mismo que fue cuestionado por su cómplice silencio en los fallos más polémicos de la Corte, que dijo que la Corte había que manejarla políticamente sabiendo cuándo dictar un fallo y cuándo no, y que confesó que aun cuando le tocaba ajustarse a la Constitución él siempre sería un político. Muy bonito el premio para él y la patada para la justicia.
ANOTE, ANOTE. Los cinco que votaron por Cigarruista fueron los cuatro que se deben a los gobiernos perredosos (Harley Mitchell, Oydén Ortega, Jerónimo Mejía y Víctor Benavides) y Abel Zamorano. Lo del cuarteto se entiende por el famoso pactito ese de gobernabilidad. Pero…¿y Zamorano? ¿Le habrán ofrecido algo? ¿O solo querrá quedar bien con los nuevos mandamases ya que al anterior jefe nadie le para bolas?
OCUPADO. El que pidió licencia por todo este año fue Popi Varela. Eso le permitiría ausentarse todo el año o hacerlo cada vez que él quiera (sin dejar de recibir su salario, obvio), quedando habilitado su suplente. ¿Tanto tiempo le están quitando el matraqueo y las negociaciones del Ejecutivo?
BURLA. Ayer fue la rendición de cuentas de Ayú Prado, el magistrado con menor productividad de la Corte, como presidente de la flamante entidad. Junto con él todos los magistrados han debido rendir cuentas. De sus bienes, de su morosidad… o de la razón de sus decisiones. Empezando por Benavides, por ejemplo, que sigue sin explicar el fallo que con Moncada firmó y que condenó al Estado a pagar $5.4 millones a una empresa a la que se le anuló un contrato, indemnización que representa 2,000% más del monto del contrato.
OLVIDADIZO. A José Raúl Mulino le molestó que ayer en esta columna se le recordara que, el 5 de febrero de 2012, él acusó a los sacerdotes de estar en contubernio con los indígenas en los enfrentamientos por la ley minera. Tuiteó que él hizo esfuerzos con Lacunza para apaciguar la marea en ese momento y que la glosa era una “falsedad”. Si bien eso es cierto, también es cierto lo publicado. Y no solo lo publicó La Prensa (http://goo.gl/eqVTDL), por si las moscas. Lo sacaron también La Estrella (http://goo.gl/3ThByx) y Panamá América (http://goo.gl/Ao68Sd). Si los medios mintieron y él nunca dijo eso, ¿por qué Lacunza lo refutó? Si él no lo dijo, ¿por qué no lo desmintió, como sí aclaró otras cosas que según él eran falsas? Aquí no hay peleas personales, pero la historia no puede ser contada como usted quiere, sino como fue.