EL TRANSPORTE. Ayer, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado José Ayú Prado, como para demostrar que la Corte no avala la impunidad, emitió un comunicado por el cual se hizo del conocimiento público que el Ministerio Público apeló la infame decisión del caso Odebrecht. Horas más tarde, divulgó una especie de “memorando de la gerencia”, en el que se le ordenaba a la dirección de protocolo, a la dirección de informática, a la dirección administrativa y hasta a la señora que vende perfumes en la Corte, las medidas que deben tomar para que la audiencia de homologación del 9 de noviembre salga bien. Le falta una cosa, señor magistrado, para que le podamos creer que de verdad no está a favor de la impunidad: declárese impedido de conocer el caso Odebrecht, porque usted ya lo prejuzgó públicamente.
LEGALES. El Gobierno nacional emitió un decreto ejecutivo, mediante el cual, con bastante sentido común, se le dio legalidad a la operación de Uber y otras plataformas similares. Ahora falta ver si los transportistas dejan que se cumpla.
HUELGA LIBERTARIA. En un hecho único en el mundo, ayer los cobradores de impuestos de Panamá declararon un paro. Por unas horas me imaginé que lentamente se detendría la maquinaria del gobierno por insolvencia, que no se pagarían las becas ni las pensiones. Pensé que tendríamos largas filas como en Grecia o Venezuela, y que el pueblo gritaría en las calles: ¡que vuelvan los impuestos! Luego sonó el teléfono de mi oficina, y salí de esa pesadilla.
CLUB DE PATAS Y PIES. La política ganadera del país anda en muy malas manos, porque se han vuelto a detectar casos de brucelosis en vacas ticas introducidas a Chiriquí. Si esto se suma a los casos similares en Tortí y a los de tuberculosis bovina en Antón, a la importación descontrolada desde Nicaragua y a la incapacidad de las autoridades de organizar la exportación de carne panameña a Estados Unidos, se empieza a tener una idea del calvario de los ganaderos nacionales. Los políticos están acabando con el agro.
‘LOS SANTOS VICE’. Me dice una fuente de la tierra de la lechona, que parece que las autoridades perdieron el interés de perseguir otras redes criminales en Los Santos, después del desmantelamiento de la organización de El Gallero. El cuatrerismo, el robo de casas y otras muchas actividades criminales siguen a la orden del día. ¿Será que solo querían eliminar a la competencia?