FRUTAS PODRIDAS I. Los escándalos le han dado la bienvenida al presidente a su regreso de China. Por un lado, no termina de aclarar lo de las donaciones brasileñas a su partido, y ahora el Ministerio Público parece estar investigando el sabroso tema del factoring de contratos del Gobierno.
FRUTAS PODRIDAS II. El presidente tiene la oportunidad de lujo de demostrar que no hay tráfico de influencias ni favoritismos con los corruptos de su propio gobierno. Los bancos participantes tienen que ser sancionados ejemplarmente, porque algunos de ellos son viejos conocidos de los escándalos de corrupción. Cuidado que pierden las corresponsalías, porque esta vez, señores banqueros, ya no tienen excusas. Hay al menos 40 millones de razones para poner la casa en orden.
RENDICIÓN DE CUENTAS. Hoy es el día en que el diputado oficialista Carlos Santana prometió dar explicaciones sobre la situación de nepotismo en la Autoridad de Tránsito. La única explicación que nos merecemos los panameños es su renuncia a la junta directiva de una institución a la que por politiquería criolla, históricamente, han secuestrado.
REVOLTILLO. Lo de la brucelosis en Chiriquí va en serio. Parte del problema radica en que desde el año pasado se tenían sospechas sobre este asunto, pero ni la dirección regional del MIDA ni sus pares del Ministerio de Salud pudieron hacer mayor cosa, porque había un político apadrinando la desidia y la negligencia. Si adivinas el nombre te ganas un huevito de leche.
RECORDERIS. En 2011, Alma Cortés, ministra de Trabajo en ese entonces, pagó 534 dólares por 88 hectáreas en Chepo. Es decir, que cada hectárea le costó, más o menos, 6 dólares. Así que cuando ella habla de la titulación de tierras por parte de políticos sabe muy bien lo que está diciendo.
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES. Según la agencia AFP, el lunes se denunció penalmente en La Haya (Holanda) a un grupo de mercenarios salvadoreños, colombianos y panameños que supuestamente están cometiendo crímenes de guerra en Yemen. Dado que Panamá es signatario del estatuto de la Corte Penal Internacional, esto le daría competencia al tribunal para juzgar a estos panameños. Sería sensato que el Ministerio de Relaciones Exteriores mirara atentamente esta situación, para evitar que se arrastre aún más la reputación internacional del país.