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MORBO LEGISLATIVO. Los diputados siempre andan evadiendo responsabilidades, pero ahora pretenden citar al contralor Humbert al pleno legislativo. Como entidad nominadora, están en todo su derecho, aunque llama la atención que la primera pregunta del cuestionario sea si tiene intención de ser candidato presidencial en 2019.

MÁS MORBO. Las siguientes preguntas también son inquietantes: quieren saber si las auditorías a las juntas comunales fueron consultadas con el presidente Varela, los dos procuradores o la Corte; si habló de ellas con aquellos diputados a los que pidió “apoyo político” o si conoce el contenido del artículo 155 de la Constitución, que señala que no se podrán ordenar secuestros u otras medidas cautelares sobre el patrimonio de los diputados, sin previa autorización de la Corte.

CONSEJO. Es mejor que se pongan a trabajar ya en los informes que –más temprano que tarde– deberán entregar a la Contraloría.

SOMBRERITO. Parece que no solo la diputada presidenta Yanibel Ábrego está –en el argot de los panameñistas– “secuestrada por los interés personales de Pedro Miguel González”. También lo estaría el presupuesto de inversión y funcionamiento de varias entidades del Estado –como el Gorgas, el Sinaproc y la Agencia Panamá Pacífico-, a las que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea les negó traslados de partidas bajo la atenta mirada del secretario general del PRD.

¿QUÉ PASÓ CON? Por cierto, la referida comisión albergaba la suite que González utilizó cuando fue presidente de la Asamblea, entre 2007-2008. El cuarto secreto tenía sofá cama, cocina y todas las comodidades para que González no tuviera que ir a su casa entre una sesión y otra. Como marchan las cosas, no se sorprendan si la suite fue reacondicionada. Aunque, viéndolo de otro modo, hace menos daño dentro que fuera de ese cuarto.

EXCUSAS. El presidente interino de la Corte, Hernán De León, dio ayer, ante una desnutrida concurrencia, un informe de gestión. Habló de “las duras críticas” a las que se ve sometida la administración de justicia, “soslayándose injustamente” los problemas que gravitan sobre ella. A saber: sobrecarga de trabajo (pero los magistrados se la pasan en un avión); deficientes instalaciones (los magistrados tienen tremendos despachos); falta de personal (pero no aplican la carrera judicial) y “sobre todo, un frágil presupuesto”. Son los mismos problemas de los fiscales en el Ministerio Público, pero con la diferencia de que estos sí hacen su trabajo y no lloran tanto.

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