VIDRIOS. El contralor empezó a quebrar botellas en la Asamblea, después de descubrir –entre otras bellezas– que al menos dos diputadas de oposición tienen enfrascados a sus respectivos exesposos, con salario de $900 mensuales cada uno. Además, han emplanillado a sus actuales cónyuges, hijos, hermanos y a las parejas de estos, todo cortesía de la compañía embotelladora legislativa. Pareciera que esta gente pensó que con la curul venía el derecho de solucionar el desempleo familiar. Ahora que el gobierno anda con la cantaleta de buscar dinero para supuestamente reactivar la economía, podría empezar por crear un impuesto único para los diputados que embotellan a la parentela.
OCURRENCIA. Un periodista le preguntó ayer al diputado Pedro Miguel González sobre ese curioso registro de asistencia que llegó a la Contraloría para justificar el pago de la planilla de los diputados. La pregunta era muy pertinente: ¿Cómo se hace para trabajar un 31 de febrero? Después de tomarse un segundo para pensarlo, el perredista se salió con un “error secretarial”. Señor González, así le puede llamar usted: error (al que hay que agregarle el del 29 y 30), pero hay algunas otras versiones del mismo hecho: mentira, cuento, patraña, engaño.
CHOQUE. El próximo domingo se enfrentan nuevamente en las urnas las dos tendencias que conviven –no precisamente en armonía– en Cambio Democrático: la de los leales a Ricardo Martinelli y la de los que apoyan la “renovación” impulsada por Rómulo Roux. Ese día, en la capital, son las elecciones de junta distrital, en la que hay una nómina encabezada por Chello Gálvez y Riccardo Francolini –como presidente y vicepresidente, respectivamente– y otra por Arturo Vallarino (presidente) y Jair Martínez (vicepresidente). ¿Cómo hará Francolini para ejercer el voto? ¿Le llevarán la urna a la celda de la DIJ?
PLAZO. La Corte Federal de Apelaciones del 11 circuito estadounidense, con sede en Atlanta, no tiene muy claro cómo debe proceder en relación con Martinelli. Por eso, ayer el tribunal le comunicó a las partes que tienen un plazo de 14 días para aclarar si el caso ha concluido o no. Hasta ahora, el único recurso que permanece vigente es la apelación de los fiscales de Miami a la fianza que una jueza otorgó al expresidente, a cambio de un depósito de $1 millón. Los fiscales no han presentado una moción para retirar dicha apelación, como sí hicieron los abogados del expresidente respecto a un habeas corpus. Si los fiscales escucharon la conferencia que organizó Camacho y por casualidad leyeron la carta “al Gobierno y al pueblo estadounidense”, deben tener sobradas dudas respecto a la presunta intención de Martinelli de acogerse al tratado de extradición. Y con razón.