El escandaloso atraco a los dineros del Estado perpetrado por el gobierno anterior a través de la denominada “descentralización paralela” constituye, sin duda, una de las mayores irregularidades administrativas cometidas en la historia de nuestro país. Entre 2021 y 2024 se malversaron más de 320 millones de dólares mediante este programa, que permitió transferencias directas de dinero a juntas comunales sin la debida supervisión ni control por parte de la Contraloría, ni de ninguna otra instancia, en el malogrado gobierno de Cortizo.
La adecuada sustentación de estos hechos, planteados recientemente en la Asamblea por parte de la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, sobre las investigaciones que adelanta el Ministerio Público en virtud de los hallazgos de la Contraloría —en atención a las denuncias presentadas por la AND—, y que involucran por el momento a un número importante de alcaldes y representantes de juntas comunales en todo el país, contrasta con la osadía y el cinismo del diputado Benicio Robinson. Este, de manera intimidante, consideró estas acciones de la AND como un acto de persecución política en contra de las autoridades locales y miembros de su partido, el PRD.
Tal como afirmó con firmeza y valentía la directora Méndez, en respuesta a los atrevidos reclamos del diputado Robinson: “los fondos públicos se tienen que respetar y manejar con transparencia”. Qué lamentable y deleznable ha sido este golpe bajo, al igual que los negociados cometidos a expensas de la pandemia.
De ser uno de los más importantes logros institucionales en materia de gobernanza y administración de recursos públicos cuando fue creada por ley, la descentralización pasó a convertirse —antes de que siquiera pudieran notarse los beneficios reales que institucionalmente debía proveer— en un botín político, al que se le echó mano de manera inmisericorde para financiar el clientelismo. Este esquema, sin duda, permitió que muchos de los que hoy se dan golpes de pecho y apelan con bravuconadas al mantenimiento del statu quo regresaran a sus curules como diputados y se reeligieran.
No obstante, el problema de la credibilidad y la confianza del pueblo en sus gobernantes y en quienes administran la cosa pública radica, al final de cuentas, en las acciones que se constituyen en ejemplos de reciprocidad y congruencia con las promesas y discursos que se esgrimen antes.
Digo esto porque me parece inadmisible que un gobierno que aspira a que comprendamos y seamos solidarios con el espíritu de austeridad y rectificación que se requiere —y que se pregona como indispensable, palabras del presidente Mulino y del ministro Chapman, para salir del atolladero en que nos encontramos como nación— intente justificar y presentar como presupuesto requerido por la Presidencia $9 millones para el Palacio de las Garzas, $7.1 millones para la remodelación y rehabilitación de la villa diplomática y $8.5 millones destinados a gastos de publicidad, amén de otro millonario gasto en la adquisición de aviones de combate —al mejor estilo de Maduro—, mientras el hampa y la delincuencia continúan tomándose las calles de Colón, San Miguelito y de todo el país.
En fin, son incongruencias como estas las que hacen muy difícil ganarse el respeto del pueblo. Ni qué decir de los solapados maleantes de cuello blanco, siempre dispuestos, ante los primeros atisbos de corrupción, a “amarrar la pata” a todo aquel que esté dispuesto a “matar la vaca”.
El autor es escritor y pintor.
