El proyecto de ley No.479 que modifica algunos artículos de la ley actual de telecomunicaciones, ha planteado un debate interesante con respecto a las políticas de competencia que deben imperar en estos mercados donde la tecnología y la inversión juegan un papel importante en el rol innovador que esperan los consumidores de sus proveedores.
La modificación planteada, lejos de prescindir del análisis de competencia que debe imperar ante cualquier concentración económica, incorpora al sector de telecomunicaciones la dinámica competitiva con la que hoy cuentan todas las empresas en los distintos mercados facilitando las estrategias de los actores del mercado a través de la posibilidad de fusiones, si las condiciones de competencia así lo permiten y si la empresa resultante de la fusión no queda en condiciones de competencia que permitan la disminución o restricción irrazonable de la libre competencia.
El sector de telecomunicaciones es dinámico y cambiante. Las nuevas tecnologías hacen variar rápidamente el alcance y la estructura de los mercados involucrados e impone que los operadores vayan a la vanguardia para no quedarse rezagados frente a sus consumidores – sin mencionar las inversiones multimillonarias que conllevan dichos avances tecnológicos. Si hay una barrera legal que impide la fusión entre operadores existentes, de alguna manera esta restricción frena la innovación en tecnología que puede desarrollar una empresa que se vea fortalecida con la adquisición de otra y esté dispuesta a invertir en nueva infraestructura y en las redes móviles, lo que obviamente mejoraría la calidad de servicios de voz y datos, beneficiando a los clientes y/o usuarios finales.
El proyecto de ley 479 en ningún sentido prohíbe la entrada de nuevos operadores al mercado de telecomunicaciones, ni de manera expresa ni tácita, más bien promueve que la dinámica competitiva se pueda ver fortalecida con la consolidación de actores del mercado que hoy pueden estar viendo dificultades de expansión y poca capacidad de reacción competitiva frente a nuevas formas de comunicación que exigen, y merecen, los consumidores. Adicionalmente, hace que Panamá esté a la par de la tendencia mundial en la consolidación de mercados, siendo nuestro país de los pocos, si no el único en el mundo, con leyes tan anticuadas, que no permiten la consolidación ni la compra de espectro no utilizado por aquellos que lo desean y están dispuesto a desembolsar millones de dólares que entrarían al Estado.
Por supuesto que estas fusiones o concentraciones económicas no pueden estar al margen del visto bueno que debe dar la entidad de competencia, que implica la valoración del mercado resultante y las barreras a la entrada del mercado, así como el análisis del resultado de la fusión y cómo quedan las condiciones de competencia ante el posible cambio de estructura del mercado. En ese sentido, esta situación ha quedado claramente especificada en proyecto de ley No. 479 después de la discusión del primer debate.
La experiencia internacional muestra que países con mayor cantidad de usuarios tienen menor cantidad de operadores de los que tiene Panamá, esto no resulta lógico empresarialmente. Una competencia conservadora restringe grandes inversiones en tecnología, lo que no permite el retorno de la inversión.
En Costa Rica y Guatemala, con una población de 10 millones, existen solo 3 operadores móviles; y, en Honduras y Jamaica pasaron de 3 a 2, al igual que Nicaragua, incluso en Europa, países como Alemania, Irlanda y Austria, de 3 operadores se consolidaron a 2. Esa es la tendencia mundial y Panamá no puede quedar por fuera con miras a un futuro con mejor infraestructura y precios más convenientes para los usuarios que, sin duda, incidirá en un mayor desarrollo.
El autor es abogado