JUSTICIA Y CERTEZA DEL CASTIGO

Las tempestades de Curitiba

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Sergio Moro, juez federal de Curitiba. Sergio Moro, juez federal de Curitiba.
Sergio Moro, juez federal de Curitiba. Tomada de estadao.com.br

Resultó positivo haber hecho un alto luego de publicar el último artículo de la serie “ Odebrecht y el castillo de naipes”, el pasado mes de febrero. Positivo y conveniente, pues de ayer a hoy se han dado eventos muy relevantes y dignos de mencionar.

Para comenzar, y contrario al sentir de muchos, considero que Brasil –no Suiza ni Estados Unidos, como tampoco la compleja red de bancos esparcidos por el mundo entero– será el verdadero epicentro de información relacionada con los delitos de corrupción cometidos por la organización Odebrecht, particularmente aquellos donde participaron funcionarios oficiales como representantes civiles durante las tres últimas administraciones gubernamentales en la República de Panamá.

Este bagaje de nombres, fechas, testimonios y montos será de conocimiento público en menos de dos meses, tal y como fue pactado entre las autoridades judiciales brasileñas y las fiscalías de los países afectados. Los magistrados cariocas tendrán también la obligación de aclarar detalladamente a sus pares, en varios continentes, cualquier dato importante que aparezca dentro de dichos documentos.

Para sopesar la trascendencia de lo arriba expuesto hay que estar claros sobre cómo define el derecho usual los conceptos de confesión y delación. El primero es el reconocimiento que una persona hace contra ella misma respecto a la verdad de un hecho. El otro consiste en delatar o comunicar voluntariamente a las autoridades sobre un delito, su autor y los cómplices involucrados.

Sergio Moro –juez federal de la ciudad de Curitiba y quien ha sido pieza cardinal para descifrar los ilícitos cometidos contra la empresa estatal Petrobras por parte de la organización Odebrecht y otras más– promovió el uso de la delación premiada, herramienta de acuerdos entre el acusado y el Estado por medio de la cual, y a cambio de la confesión del delito y los aportes de información fidedigna respecto a un caso en particular, se otorga al presunto delincuente determinados beneficios sobre la pena que le corresponde cumplir.

Así las cosas, las delaciones de 77 exejecutivos de la empresa Odebrecht –especialmente la de André Rabello, antiguo director de dicha empresa en Panamá– ya fueron convalidadas por la presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil. En estos momentos la Fiscalía General de dicho país es su consignataria, hasta el 1 de junio venidero cuando se harán públicos los citados documentos.

Entonces debiera arder Troya porque –además de la información general que ya se conoce sobre el pago de coimas y constantes violaciones a las leyes que la agrupación brasileña tuvo en los países donde llevó a cabo grandes obras de construcción– se conocerán también los nombres de todos esos panameños que, sin importarles un comino con el buen andar del país, recibieron recompensas monetarias a manera de pago por sus deshonestas gestiones.

A sabiendas de que esta putrefacción de proporciones bíblicas pringó presidentes y otros altos funcionarios gubernamentales –al igual que las campañas electorales de esos mismos países, donde la secuela viciada de Odebrecht socavaba las raíces mismas de nuestras endebles democracias– pregunto: ¿Qué podemos esperar entonces de nuestros órganos estatales cuando, sin vergüenza alguna, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional han hecho alarde público de pactos de no agresión con sus amañados fallos y delictivos procederes? ¿Qué pensar sobre los recursos legales a los que el Tribunal Electoral ha echado mano para no dar a conocer las donaciones recibidas por quienes participaron en pasados plebiscitos nacionales? ¿Y qué decir de las pendientes auditorías que aún no ha entregado la Contraloría General de la República sobre los evidentes sobreprecios aplicados por dicha empresa en sus contratos desde 2006 a la fecha en nuestro país? ¿Actuará finalmente el Ministerio Público con la celeridad que la situación amerita cuando se entere –si es que no lo sabe ya– de la tempestad de estiércol que se generará en Curitiba el jueves 1 de junio venidero?

¡Ofende la actitud cómplice de estos funcionarios; duele la abulia generalizada frente a semejante escarnio!

Hilberto Mascarenhas –encargado del pago de coimas que la empresa Odebrecht entregaba desde el tristemente célebre Departamento de Operaciones Estructuradas– reconoció en su delación premiada haber repartido 3 mil 370 millones de dólares en sobornos entre 2006 y 2014. Al momento de hacer pública esta información –la cual estaba bajo secreto de sumario– la Corte Suprema de Brasil autorizó 76 investigaciones contra casi un centenar de políticos, incluyendo a ocho ministros del actual gobierno del presidente Michel Temer, 12 de los 27 gobernadores estatales en ejercicio y cinco expresidentes de dicho país.

El 1 de junio –faltan solo 43 días– deberemos conocer los nombres de funcionarios y ciudadanos locales que fueron denunciados en Curitiba por sus antiguos compinches dentro de la organización Odebrecht. Eso se sabrá, y no tengo duda alguna de que dicha información llegará aquí por múltiples y muy diversas fuentes.

Lo que cada día temo más es si nuestras autoridades –esas que están obligadas a actuar de oficio como mandan la Constitución y las leyes– tendrán el coraje para ponerse a la altura de las circunstancias y establecer, finalmente y de una vez por todas, la justicia y certeza del castigo en la República de Panamá.

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