A pesar de que este país se gratifica de ser democrático, en los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la intolerancia sobre la disidencia o sobre opiniones que no se cuadren con los valores del sistema dominante. La actual campaña contra la corrupción, con todo y su significado positivo para desvelar el latrocinio contra el Estado por personajes que han ocupado posiciones de mando en el país, es parte de otra tendencia que ha percibido la necesidad de combatir la corrupción antes de que esta contamine, de manera total, el poder de los que detentan históricamente el poder.
La parsimonia que se sigue en algunos casos y la rapidez con que se sigue en otros, generalmente asociados con personajes cercanos, pero fuera de la periferia de las clases poderosas, es un indicador de los intereses que giran en torno a la corriente, una especie de circo en el que se lanza a los leones a aquellos desafortunados que pierden contacto con el poder.
En términos de comunicación, observamos que se está produciendo una línea de acción que tiene antecedente en los despidos contra personas en entidades de comunicación pública, como hace algunos años, cuando se despidió a una comunicadora que mantuviera una postura crítica contra las incongruencias en la administración pública y la vida real. El siguiente personaje fue el periodista español, radicado en Panamá, Paco Gómez Nadal, expulsado del país por el presidente Martinelli a quien le incomodaba la puntillosidad de quien mostró, con claridad, el grado de disonancia, de falsedad, en el discurso del poder que tenía el presidente con su comunidad representada.
El tercer blanco de esta intolerancia ha sido el abogado Miguel Bernal, cuya manera ácida de describir la conducta de nuestros personajes políticos no se adecua a lo que se entendería actualmente, como lo políticamente correcto, para no entrar en enfrentamientos con el poder. Su programa radial en una emisora local fue cancelado, sin mayores miramientos. Es un indicio de la importancia que tenían sus planteamientos cuando hasta la emisora es controlada por los intereses afectados por la crítica.
En meses pasados, hemos escuchado, visto o leído de despidos en varios medios de televisión, prensa y radio de periodistas gráficos, radiales, etc., quienes se han destacado de alguna manera por exponer algún tipo de comentario que ha sonado más allá de la crítica suave que se acostumbra en este país. Se trata de acciones que han tomado tres gobiernos. No es una acción concertada, sino el resultado de una manera particular de ver el mundo desde la perspectiva del poder. Usando la frase corriente, un poder que tiene la piel frágil como resbalosa. Su reacción es la de serpiente amenazada.
¿Cuándo podría pensarse que en un país como el nuestro, democracia significa tolerancia a las opiniones opuestas?, ¿o que ser funcionario no implica necesariamente lealtad al poder político, sino a las funciones y objetivos de la institución en la que se trabaja?, funciones que responden a las demandas de la sociedad.
Hace poco, en Honduras, fue asesinada Berta Cáceres, una activista de los derechos humanos que cuestionaba el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Antes que ella otros cuatro colegas sufrieron la misma suerte. En Panamá, la periodista Ligia Arreaga ha recibido amenazas desde que inició su campaña contra el desagüe de la laguna Matusagaratí, en Darién, cuya superficie está siendo amenazada por proyectos agroindustriales y pecuarios, a gran escala. Esta periodista se vio obligada a salir del país para preservar su vida, algo que se suponía había desaparecido en el contexto político panameño. Las amenazas a personas, por el caso Matusagarati, se han extendido en una especie de campaña que provoca el miedo entre los campesinos, bajo el supuesto de perder sus tierras.
En el oeste de Panamá, el proyecto Barro Blanco también ha provocado violencia sobre la gente, en una acción inconcebible de llenado del embalse, con todos sus efectos, mientras la gente sigue allí, en una disposición de protesta ante la arbitrariedad, tanto de la empresa como del Estado. Y a poca distancia, otra activista contra el proyecto sobre el río Cobre es, igualmente, amenazada con una demanda de más de 2 millones de dólares, establecida por los empresarios de la propuesta represa, como una medida de fuerza que tiene el mismo significado de un disparo a mansalva.
Mientras, vemos que las autoridades policivas parecen dejar que los crímenes comunes se intensifiquen en los sectores populares, en lo que parece una guerra entre pandillas y poco falta que esta se extienda fuera de sus límites. Guerra que pareciera tolerarse desde la perspectiva de las autoridades, pues sugiere que su intensidad reduzca los efectos del crimen, como si autodestruyéndose se resolviera el crimen en la periferia. Estos procesos, en apariencia inconexos, parecen estar destinados a regular la conducta social mediante cierto estado de temor en la comunidad; eso que llaman “inseguridad de los otros hasta que le toque a usted”. Espero estar equivocado.
