El cine de terror es un género cinematográfico que busca provocar en el auditorio sensaciones enlazadas o sucesivas de miedo, disgusto, repugnancia, horror, tensión o preocupación. Los implicados directa o indirectamente en el caso Waked podrían definir su reciente vivida historia como una verdadera película de terror, en la que seguramente si le dieran a elegir, escogerían otro destino.
El primer acto o principio de este guion se remonta al pasado 5 de mayo de 2016, cuando miembros de esta familia fueron incluidos en la denominada lista Clinton, asociados a “escandalosas actividades ilícitas”, al tiempo que se inició en contra de estas personas, empresas y colaboradores una violenta arremetida por parte del sistema financiero, autoridades administrativas y judiciales del país y un juicio mediático donde el embajador estadounidense se mostró como aquel implacable “fiscal de hierro” que presentaba al país y al resto del mundo, el desmantelamiento de una supuesta macroorganización criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico y al trasiego de drogas. Se habló de una década de investigación y un cúmulo de contundentes pruebas incriminatorias en contra de los Waked.
Para los que compraron la película, este terrorífico anuncio del embajador estadounidense produjo el diagnóstico hipocondriaco de una terrible y contagiosa enfermedad que –como perro furioso– mostraba los dientes a cualquiera que se acercara, no solo a las ocho personas de carne y hueso designadas en la lista Clinton, sino a todos los que por desventura –en ese momento– llevasen el apellido Waked. No por gusto y más bien con disgusto, Abdul Waked, en una narración intradiegética realizada a un periodista, dijo: “Un mes antes todo el gobierno quería ser amigo con Abdul Waked, ahora no me quieren recibir ni me toman las llamadas”.
Pero todo fue mentira, una ficción, un chiste sangrón. La altisonante organización criminal dedicada al lavado de activos y a colaborar con el narcotráfico y el terrorismo, liderada por Abdul y Nidal Waked , se esfumó por arte de birlibirloque y las pruebas que sustentaban tales afirmaciones se desvanecieron en el silencio, igual que una película de ciencia ficción, donde los acontecimientos se desarrollan en un marco imaginario. El anuncio de un acuerdo entre la Fiscalía y Nidal Waked, procesado en una corte del Distrito Sur de la Florida, en la que si bien acepta la culpabilidad de un hecho que –al menos– en la República de Panamá no sería delito, descarta acusaciones de narcotráfico y lavado de activos provenientes del narcotráfico y cualquier otro hecho que pudiera dar lugar a un enjuiciamiento criminal.
El gran ausente en todo este drama fue el Gobierno Nacional de Panamá, quien con luces cortas y bajo el efugio de no tener injerencia en asuntos particulares entre un país extranjero y personas naturales y jurídicas panameñas, prefirió mirar de reojo la pérdida de miles de empleos y el festín de las empresas y negocios de la familia Waked.
Cuando se asume el deber cívico de gobernar un país, se debe tener la entereza de tomar decisiones firmes y valientes para salvaguardar lo que en otrora Maquiavelo llamó la salud pública estatal, que no es otra cosa que la razón de ser del Estado, su conservación y el bien de sus habitantes.
La casi nula e intrascendente actuación del Gobierno panameño fue totalmente desafortunada, y por demás, preocupante, pues dejó expuesto lo poco que vale la Constitución y las leyes de un país cuando sus propias autoridades se enlistan en ese propósito.
El Gobierno de la República de Panamá actuó con displicencia en este caso, lo que jurídicamente podría constituir una causa concurrente de los daños causados, toda vez que si bien algunos podrían alegar la libertad y derecho de Estados Unidos para hacer tales señalamientos, las autoridades de la República de Panamá tenían la obligación constitucional de proteger a sus nacionales en su vida, honra y bienes.
El autor es abogado.