Hace unas semanas, el abogado que representa al presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte informó que presentaría pruebas científicas y testimonios de expertos ante la justicia de los Estados Unidos, para demostrar que Brigitte es mujer y no hombre, como sostiene Candace Owens, una influencer estadounidense, con más de cinco millones de seguidores en YouTube.
Los esposos Macron decidieron acudir a los tribunales de justicia debido a la magnitud que fue tomando el bulo, al ser replicado principalmente por grupos y personas ligados al universo “MAGA” que sustenta al presidente Donald Trump, así como por grupos de extrema derecha global.
La rocambolesca historia de los esposos Macron es un claro ejemplo de lo que sucede estos días en el deteriorado ecosistema de “información” que se ha instalado principalmente en el espacio virtual. Un fenómeno que no solo afecta a personas de forma individual, sino que está teniendo devastadoras consecuencias en el debate democrático, en la confianza pública y en la convivencia pacífica. Como afirmó recientemente el expresidente Barack Obama, son tiempos de violencia contra la verdad.
El tema fue analizado en la quinta edición de la Cumbre Global sobre Desinformación que se realizó de forma virtual hace unos días, con la participación de un gran número de expertos que trabajan desde el periodismo, la comunidad de fact checkers, la academia, organizaciones de medios, multilaterales y de la sociedad civil, con el objetivo de entender el fenómeno en toda su complejidad y poner en acción fórmulas para enfrentarlo.
La Cumbre, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Fundación para el Periodismo de Bolivia y el Proyecto Desconfío de Argentina —y con el apoyo de una larga lista de organizaciones entre las que destaco la Fundación Gabo—, se ha convertido en un espacio global de gran importancia para intercambiar experiencias y conocimiento, así como para crear las tan necesarias redes de apoyo.
Durante dos días, el tema fue analizado desde diversas perspectivas como las nuevas tecnologías para detectar la desinformación, el buen periodismo como principal antídoto, proyectos de monitoreo en diversas áreas, desde campañas electorales hasta temas climáticos; alcances y desafíos de los fact checkers, efectos de la manipulación extranjera en la democracia y, por supuesto, la necesidad de fondos para continuar trabajando contra un monstruo que, tal como señaló el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, “no es una consecuencia del mundo moderno, sino una estrategia deliberada, frecuentemente impulsada por intereses políticos, económicos y de poder”.
Vivimos tiempos en que la mentira y la desinformación logran diseminarse a una velocidad inaudita, amplificadas por plataformas digitales, mientras que los hechos y los desmentidos casi siempre llegan tarde, provocando desconfianza en las instituciones y erosionando los valores que sustentan la democracia.
Al respecto, la Unesco publicó en 2023 unas directrices para la gobernanza de las plataformas digitales, con el objetivo de salvaguardar la libertad de expresión y los derechos de acceso a la información, abordando al mismo tiempo la desinformación, el discurso de odio y las teorías de la conspiración.
Son directrices que requieren la participación de múltiples actores y que, como es lógico, hacen énfasis en el deber de proteger los derechos humanos, pero también en la necesidad de crear sistemas de gobernanza.
Una de esas fórmulas es la autorregulación, a la que el periodismo panameño se apuntó desde 2006, cuando el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) creó el Comité de Ética, como un sistema voluntario que hizo posible la evaluación del trabajo de los principales medios del país, para garantizar un periodismo riguroso y responsable.
A partir de entonces y tras recibir asistencia internacional, los miembros de la primera directiva del Comité, presidida por Guido Rodríguez, en ese momento director del Panamá América, iniciaron un camino complejo que logró avanzar en procesos de rendición de cuentas de los medios que aceptaron la competencia del Comité.
Casi veinte años después, el panorama ha cambiado mucho. Hoy, al tradicional ecosistema de la información se ha sumado un universo virtual muy variado: desde sitios de gran valor informativo y seriedad, hasta aquellos que desinforman con fines aviesos, los que denigran y mienten sin pudor, los que se ofrecen al mejor postor o los que utilizan tonos destemplados que propician polarización y crispación social. Al no haberse sumado al Comité de Ética, es imposible pedirles que rindan cuentas.
Este complicado reto que enfrenta hoy la comunidad informativa del país debe ser abordado desde una perspectiva múltiple. Si la lucha contra la desinformación implica defender “la justicia, la transparencia y el bienestar colectivo”, tal como señaló Patricia Cusicanqui de Bolivia Verifica al inicio de la citada Cumbre, es preciso unir esfuerzos para encontrar fórmulas que protejan la libertad de expresión sin permitir la impunidad de las falsedades; garantizar marcos regulatorios que promuevan transparencia y rendición de cuentas sin caer en la censura y, sobre todo, empoderar a los ciudadanos de manera que enfrenten con las herramientas adecuadas estos duros tiempos de violencia contra la verdad.
La autora es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana y del Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo.
