Hace poco se conoció de un proyecto de ley presentado por varios diputados, que busca establecer un impuesto de ocho por ciento (8%) ad valorem a la venta al detal de bebidas azucaradas (sodas, jugos, bebidas energéticas y otros).
La medida, según sus proponentes, busca reducir el consumo de estas bebidas en la población. Aducen que los motiva las estadísticas sobre incidencia de diabetes tipo II, obesidad y enfermedades cardiovasculares en la población, cosas que están correlacionadas con el consumo de azúcar.
Lo de la correlación de las enfermedades crónicas señaladas con el consumo de azúcar es cierto. Pero la pregunta es si puede el Estado válidamente cercenar la libertad de elección del ciudadano sobre la premisa de que lo está protegiendo de sí mismo. ¿Es parte del rol del Estado hacer de papá de cada uno de los ciudadanos adultos?
La premisa fundamental sobre la que se basan estas políticas paternalistas es que las personas no saben tomar decisiones de manera racional, y por ello el Estado, dirigido seguramente por un consejo de sabios, debe restringir las decisiones de las personas por el propio bien de estas.
Quienes profesan este elitismo -porque el paternalismo es una manifestación de elitismo- entienden que los demás sufren de ignorancia y por tanto no están en condiciones de elegir bien, por lo que se justifica que aquellos, los elegidos, impongan a la masa de ignorantes sus propias decisiones.
No hablo de restricciones impuestas en sociedad para proteger derechos de personas frente a las agresiones de otros. Proteger a los ciudadanos frente a las agresiones de otros sí es función del Estado.
También es función del Estado en algunos casos intervenir donde sea necesario para evitar que Juan deprede a Pedro o le traslade costos -lo que los economistas llaman externalidades negativas-.
Esas restricciones no están en discusión aquí. Las que cuestiono, y afirmo que son una forma de elitismo perfumado, son las restricciones que imponemos a Juan, no ya en nombre de proteger a Pedro, sino en pos de proteger a Juan de sus propias decisiones.
Ahórrenme el argumento de los menores de edad y de las personas que por causas congénitas o sobrevinientes han devenido incapaces y genuinamente no pueden decidir por sí mismos. Es obvio que tales personas no tienen voluntad autónoma y para ellos existen las instituciones de patria potestad, tutor y guardián.
Es obvio que otro adulto debe decidir por ellos. Pero lo que no tiene justificación es que una vez llegado a la mayoría de edad, a una persona adulta en pleno goce de sus facultades mentales le impongan restricciones en nombre de protegerla de sus propias decisiones.
El principio de subsidiariedad es un principio del derecho natural, reconocido hasta por la Iglesia católica. Usted como padre ata los cordones de los zapatos de sus hijos mientras no tienen la capacidad de hacerlo por sí solos.
Pero una vez llegan a edad de aprenderlo, usted tiene el deber de enseñarles a atar sus cordones, y cuando han aprendido, usted tiene el deber moral de dejar de atarles los cordones. Si usted sigue atándole los cordones a sus hijos cuando ya están en capacidad de hacerlo solos, usted, en lugar de hacerles un favor, los está dañando.
Esto lo entendemos enseguida cuando se trata de la crianza de nuestros hijos, pero por alguna razón se pierde de vista cuando hablamos de adultos, y el elitismo del que hablo lleva a muchos a pretender que el Estado trate a los ciudadanos como infantes perpetuos a los que hay que continuar atándole los cordones.
El paternalismo daña a la persona humana porque niega su dignidad, de la que la capacidad de elegir es elemento fundamental. Ir contra esa naturaleza humana no es noble ni digno de aplauso, sino que debe ser rechazado como lo que es: la negación de la dignidad del ser humano, por más que sea bienintencionada.
Como decía el escritor británico C.S. (Clive Staples) Lewis: “de todas las tiranías, una ejercida por nuestro propio bien puede ser la más opresiva… aquellos que nos atormentan por nuestro propio bien nos atormentarán sin fin, pues lo hacen con la aprobación de sus propias conciencias”.
El autor es director de la Fundación Libertad